La Paz, 21 de agosto (ANF).- Argumentando fallas en el proceso y una inadecuada valoración de las pruebas, la familia de María Isabel Pillco, víctima de feminicidio, presentó apelación restringida a la sentencia que el pasado 11 de julio determinó la absolución de David Viscarra.
La apelación cuestiona la resolución absolutoria dictada por los jueces José Quiroga e Iván Perales del Tribunal de Sentencia Anticorrupción y Violencia contra la Mujer de La Paz.
“Vamos a demostrar que se trata de una sentencia insólita”, dijo a ANF Nadia Morales, abogada de la víctima y explicó que la revisión de todo el expediente del proceso evidencia que los jueces “no consideraron la historia de violencia previa contra María Isabel ejercida durante mucho tiempo por parte de David Viscarra”.
El texto de la apelación consta de más de 30 páginas y deja constancia de que “la sentencia recurrida ha incurrido en errónea aplicación de la ley sustantiva, desconociendo el Art. 252 bis del Código Penal incorporado por la Ley 348”.
Observa también que el juicio se haya desarrollado solo con dos jueces cuando la norma dice expresamente que “Los Tribunales de Sentencia deben estar integrados por tres jueces técnicos”.
Menciona varios defectos de la sentencia y demuestra que se cometieron errores en la enunciación de los antecedentes al asegurar que el hecho hubiera ocurrido el 2015 cuando la denuncia data de 2014.
La apelación asegura que “la sentencia de absolución (…) se basa en supuesto u presunciones subjetivas de consultores técnicos contratados por la defensa del acusado quien antojadizamente sugieren que María Isabel Pillco murió por una enfermedad que nunca le fue diagnosticada”.
Asimismo, puntualiza que “el fallo no explica cuál fue la prueba generada en el Tribunal que determinó que la conducta del acusado no se habría adecuado al tipo penal feminicidio y cuáles habrían sido las pruebas consideradas como insuficientes para no generar plena convicción sobre la culpabilidad del acusado”.
La abogada de la víctima detalló que en la apelación se demuestra que se anularon pruebas fundamentales como “la declaración en vida de la víctima que relata una historia de constante violencia por parte de su conviviente, no se aseguró la presencia del médico forense que practicó la autopsia a la víctima para que brinde su declaración en juicio, prueba fundamental para explicar la causa de la muerte y generar convicción en el Tribunal de Sentencia”.
Dijo que esperan que “el tribunal de apelación revoque la sentencia absolutoria e imponga una pena de 30 años de presidio sin derecho a indulto o, en su caso, dictamine la realización de un nuevo juicio”.
La presentación de la apelación estuvo acompañada de una manifestación de organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres que cerraron simbólicamente con un crespón negro las puertas de acceso al Tribunal de Sentencia, coreando “Si los juzgados no sirven, que se cierren”.
“Rige una estructura patriarcal en el sistema judicial y quienes administran justicia muestran sesgos machistas y falta de comprensión y especialización sobre la violencia de género”, dijo por su parte Mónica Bayá que forma parte de una amplia articulación de organizaciones -Comité Impulsor de la Agenda Política y Legislativa desde las Mujeres, Feministas Comunitarias Antipatriarcales, Observatorio para la Exigibilidad de los Derechos de las Mujeres, Estudiantes de Trabajo Social de la UMSA y Ni Una Menos Bolivia- que apoyan la demanda.
/ZAB/FC/
