La jueza Patricia Aguilar dio a conocer el fallo adoptado por unanimidad por el Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer por considerar que persisten los riesgos procesales, por lo que se lo envío con detención preventiva a la cárcel de San Pedro.
El pasado 31 de julio se cumplió un año de la muerte de Fabiola Cáceres que según los informes forenses murió por asfixia mecánica luego de ser golpeada y violada por Jorge C. y Marcelo J., ambos con detención preventiva.
En la audiencia cuya reserva se levantó a petición de los padres de la víctima, la abogada de la defensa, Zuleika Lanza, argumentó que “la detención preventiva es provisional y que nadie puede estar detenido cuando no existen los riesgos de la cautelación”
En cambio, Verónica Rivero, abogada de la acusación, desvirtuó las garantías presentadas por Jorge C. e insistió que “persiste el riesgo de fuga y no hay manera de probar que tenga intención de permanecer en el país para asumir su defensa en el juicio”.
Luego de deliberar por más de media hora, el tribunal rechazó la cesación a la detención argumentado que la carga de la prueba de la defensa de Jorge C. no ha demostrado que se hayan superado los riesgos procesales que determinaron la detención preventiva desde el pasado 5 de agosto de 2016, cinco meses en Patacamaya y siete meses en San Pedro.
La jueza Aguilar, informó que, en criterio del Tribunal, que también estuvo integrado por los jueces José Luis Quiroga e Iván Perales, “no se ha demostrado la existencia de actividad lícita a futuro, no hay arraigo natural del acusado y persiste el riesgo de que abandone el país o permanezca oculto cuando se inicie el juicio, además de no haber presentado garantías efectivas de que no constituye un riesgo de amenaza para las víctimas o testigos”.
Insistió que “la obstaculización al logro de la verdad es un riesgo latente desde que se procede a la imputación y termina recién en el momento de la sentencia, sea o no de acusación”.
Rivero, como abogada de la acusación, recordó que Jorge C. era pareja de la víctima y “fue encontrado en la escena del crimen alterando y modificando la misma y se evidenció que procedió a lavarla y vestirla antes de que lleguen los efectivos policiales, por tanto, no sólo incurrió en complicidad sino en coautoría”.
Dijo que superado este incidente y habiendo culminado la fase de investigación, se espera que el Tribunal instale el juicio público en un plazo de no más de 15 dìas.
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