Magistrada Maritza Suntura. Foto: Tribunal Supremo de Justicia
La Paz, 20 de febrero (ANF).- El Ministerio Público y la Procuraduría General de Estado rechazaron las medidas cautelares impuestas al líder de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, y solicitaron la detención preventiva, informó la magistrada Maritza Suntura.
“El Ministerio Público está solicitando la detención preventiva porque en su criterio considera que es viable la detención del imputado Samuel Doria Medina (…) La Procuraduría está apelando el rechazo a las medidas cautelares de carácter real que han sido rechazadas por la sala penal del Tribunal Supremo de Justicia”, señaló la magistrada.
El también empresario consiguió el 13 de febrero que el Tribunal Supremo de Justicia (TJS) rechace en Sucre el pedido de su encarcelamiento preventivo, y reiteró que el caso FOCAS, por el que se lo procesa, es sólo parte de una “persecución política”.
Suntura informó que Samuel Doria Medina también apeló la medida cautelar, al igual que el implicado en el caso, Fernando Illanes de la Riva.
“El señor Doria Medina esta impugnando el arraigo impuesto por la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia”, dijo.
En ese sentido indicó que, como dirección de la audiencia e integrante de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, tiene un plazo de 24 horas para remitir los antecedentes a la Sala Civil del TSJ, y que el tribunal de apelación “resuelva sin más trámite y en audiencia dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones sin recurso ulterior”.
“La Sala Penal del TSJ enviará todos los antecedentes a esta sala máximo hasta mañana en la mañana”, dijo.
Indicó que el Ministerio Público presentó la apelación hace 19 horas, la Procuraduría después y luego Samuel Doria Medina y Fernando Orellana.
Focas era un sistema de préstamos de Estados Unidos para Bolivia, que luego condonó a cambio de que se conforme una fundación privada. En aquel entonces, Doria Medina, acusado por este caso, fungía como Ministro de Planeamiento. Suscribió un contrato con el que se dispuso que 21 millones de dólares del proyecto FOCAS pasen a Funda-Pro con un interés menor al que pagaba el Estado a sus acreedores.
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