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Nacional Seguridad

Justicia dicta cinco años de presidio para exsenador Roger Pinto

Así lo confirmó esta jornada la Directora Nacional Anticorrupción de la Fiscalía General del Estado, Fanny Alfaro, quien dijo que fue demostrado la culpabilidad de la exautoridad en la venta de terrenos de la Zona Franca Cobija (Zofra Cobija) contraviniendo la Constitución Política del Estado (CPE) y las normas nacionales.
28 de Marzo, 2017
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El exsenador Roger Pinto.
El exsenador Roger Pinto.
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La Paz, 28 de marzo (ANF).- El Tribunal de Sentencia N° 2 de Cobija dictó cinco años de cárcel para el exsenador Roger Pinto Molina por los delitos de conducta antieconómica, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias.

Así lo confirmó esta jornada la Directora Nacional Anticorrupción de la Fiscalía General del Estado, Fanny Alfaro, que informó que el Ministerio Público demostró la culpabilidad de la exautoridad nacional en la venta de terrenos de la Zona Franca Cobija (Zofra Cobija) contraviniendo la Constitución Política del Estado (CPE) y las normas nacionales.

La autoridad judicial explicó que fue “un año por el delito de incumplimiento de deberes, dos años por resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes y dos años por contratos lesivos al Estado”.

Actualmente, Pinto se encuentra asilado en Brasil, país al que llegó en agosto de 2013 luego de permanecer 454 días en la embajada brasileña en La Paz. 

Cabe señalar que Efrén Belarmino Balcázar obtuvo la misma condena, mientras que Ángel Murakani y Boris Salvatierra, otros acusados dentro del caso, fueron sentenciados a un año de cárcel por incumplimiento de deberes.

Las investigaciones dentro del caso evidenciaron que Luis Díaz Lima y Nazareth Mansour de Díaz, transfirieron un lote de terreno a favor de la Zona Franca de Cobija, representada legalmente por su directorio, compuesto por Roger Pinto en su calidad de Prefecto y Presidente de Zofra de Cobija.

Tras la adquisición del terreno, este habría sido fraccionado y vendido a empresas privadas, contraviniendo la normativa legal que establece que es atribución del legislativo aprobar los contratos de interés público referidos a áreas estratégicas así como aprobar la enajenación de bienes de dominio público del Estado.

/AGL/ZAB/

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