La Paz, 21 de junio (ANF).- La jueza del Tribunal de Garantía de Pozo Almonte, Isabel Peña, ordenó este miércoles la expulsión de los nueve funcionarios bolivianos (dos militares y siete trabajadores de la Aduana Nacional) que fueron detenidos el pasado 19 de marzo en la zona fronteriza entre ambos países.
La decisión fue asumida después de que los nueve bolivianos fueron condenados por el delito de robo con intimidación y violencia a una pena de tres años y un día de presidio.
Asimismo, los nueve imputados fueron sentenciados por el delito de contrabando con una multa que asciende a 32 millones 176 mil 272 pesos chilenos.
Además se condenó únicamente a los dos militares bolivianos por el delito de porte ilegal de arma de fuego a una pena de tres años y un día de presidio. En cambio a los siete funcionarios de la Aduana se absolvió ese tercer delito.
Sin embargo pese a esa condena se decidió otorgarles “la pena sustitutiva de expulsión de territorio (chileno) y esa expulsión se deberá realizar dentro de un plazo de 30 días desde que se llegue a ejecutar esta sentencia”, dijo la jueza.
La resolución judicial también establece que siete de los condenados (funcionarios de la Aduana) no podrán ingresar al territorio chileno en un plazo de 10 años. Mientras que los dos militares no podrán volver a ese país durante 20 años.
“Si ingresan antes de dicho plazo deberán cumplir la condena privativa de libertad en forma efectiva, es decir, con la cárcel”, advirtió Peña, al concluir la lectura de la sentencia de 46 páginas.
La sentencia fue dictada después de que en la audiencia de ayer los nueve bolivianos oficializaron su decisión de someterse a un procedimiento abreviado, tras renunciar a su derecho de ir a un juicio oral y público.
Los imputados aseguraron que asumieron la determinación de ir al juicio abreviado sin la presión de nadie.
El fiscal Hardy Torres ratificó entonces la acusación contra los detenidos por los delitos de robo con intimidación, porte ilegal de arma de fuego y contrabando.
Sin embargo, la defensa de los bolivianos reiteró la “total y absoluta inocencia” de los imputados porque desde un inicio de este incidente fronterizo se aclaró que ellos no estaban robando ni cometiendo ninguna irregularidad, sino sólo trataban de decomisar la mercadería de contrabando que ingresaba de Chile hacia Bolivia.
Antecedentes
Según información del Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia, el 19 de marzo de 2017, aproximadamente a las 13:00, miembros del control aduanero de Bolivia interceptaron un camión que formaba parte de un convoy de vehículos, que esperaban su turno para ingresar al Estado Plurinacional.
Ese camión interceptado “ingresó a territorio boliviano por una ruta no habilitada y alejada del paso fronterizo oficial Pisiga-Colchane, debido a que transportaban mercadería de contrabando. Y al advertir el operativo de control que se realizaba, el grupo de contrabandistas de nacionalidad chilena (del convoy de vehículos) solicitó la intervención de carabineros y es así que al promediar las 14:00 del mismo día, los nueve funcionarios bolivianos fueron detenidos arbitraria e ilegalmente por carabineros de Chile bajo hostigamiento y agresión con uso excesivo de violencia, incluyendo disparos de amedrentamiento con serios indicios de tortura”, dijo el pasado 14 de junio el canciller Fernando Huanacuni ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Durante esa detención, tres de los funcionarios bolivianos sufrieron múltiples heridas y contusiones. Luego los capturados fueron trasladados contra su voluntad al cuartel de la subcomisaría de Colchane en el territorio chileno, donde procedieron a registrarlos y tomarles sus datos personales.
Una vez situados en ese cuartel –según la Cancillería– aproximadamente a la medianoche de ese día, los bolivianos fueron interrogados por un fiscal de Pozo Almonte sin la presencia de la defensa legal como corresponde en derecho y tras ese acto se ordenó su privación de libertad acusándolos de cometer los tres delitos mencionados.
Mientras los días transcurrían y los nueve bolivianos seguían detenidos, las autoridades bolivianas iniciaron con una campaña internacional de búsqueda de la liberación de los funcionarios.
Las autoridades bolivianas lamentaron en una serie de ocasiones que el Gobierno chileno no haya actuado con reciprocidad llevando el incidente fronterizo a la justicia sin solucionar por la vía diplomática.
En medio de esa controversia, Chile negó visa a algunas autoridades bolivianas que pretendían ir a visitar a los detenidos e incluso se conoció que algunos familiares de los imputados sufrieron actos de discriminación para ingresar al penal Alto Hospicio.
Ayer, el presidente Evo Morales aseguró que ahora Chile tendrá que responder ante la historia por el abuso de poder que ejerció en contra de los nueve bolivianos.
/ELCA/
