La portada de la separata de CAMC en la que aparece Gabriela Zapata junto a ejecutivos chinos.
La Paz, 1 de febrero (ANF).- La presidenta del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz, Carmen del Río Quisbert, apuntó al Consejo de la Magistratura de La Paz como el ente encargado de suspender o sancionar a las autoridades judiciales que incurran en delitos, en este caso los vocales, Virginia Crespo y Willy Arias, imputados por favorecer en un amparo a la empresa China CAMC, en donde la exnovia del presidente Evo Morales, Gabriela Zapata, era gerente comercial.
"El tema de la suspensión de funciones o cualquier otra determinación corresponde al Consejo de la Magistratura. Es el Consejo de la Magistratura quien tiene atribución para ver el tema de suspensión ante cualquier delito que se haya cometido", apuntó la presidenta del TDJ.
Dijo que ambos vocales "están trabajando y están cumpliendo sus actividades con total normalidad".
Del Río se comprometió a hacer seguimiento de este caso ya que el proceso judicial contra los vocales data desde la gestión pasada y al momento no han sido cautelados.
Por su parte, la Magistratura no se pronuncia sobre este caso y se desconoce si los vocales fueron procesados en la vía disciplinaria.
En 2015, CAMC pidió al TDJ de La Paz dejar sin efecto la ejecución de boletas de garantía que había pedido el Ministerio de Obras Públicas por el proyecto vía férrea Montero-Bulo Bulo, Tramo I.
El 24 de noviembre de 2015 se dio curso al pedido en la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de La Paz y los vocales Virginia Crespo Ibáñez y Willy Arias Aguilar habrían resuelto conceder la tutela de la acción de amparo constitucional.
El 19 de febrero de 2016, el Tribunal Constitucional revocó la resolución de la Sala Penal Primera del TDJ de La Paz, que favorecía a CAMC, y dispuso la ejecución o cobro de las dos boletas de garantía por 158 millones de bolivianos.
Tras esta determinación, el Ministerio de Obras Públicas decidió denunciar por estas irregularidades a dos los vocales. El proceso está en curso y desde 2016 se espera que se instale la audiencia cautelar de los sindicados.
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