Informe de la coalición de instituciones de la sociedad civil. Foto: ANF
La Paz, 12 de enero (ANF).- Adolescentes, jóvenes, indígenas y mujeres sufren con mayor rigor obstáculos en el acceso a la justicia y son víctimas de exclusión y discriminación en el sistema penitenciario del país, según un informe presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por una coalición de instituciones de la sociedad civil.
El informe da cuenta de la situación de los derechos humanos y el acceso a la justicia de la población privada de libertad y asegura que las cárceles son la expresión de prácticas propias del derecho colonial signado por el formalismo, el expediente escriturado y la perspectiva de un sistema judicial ajeno a la población.
“Hay un uso irracional de la prisión preventiva y son las personas más vulnerables quienes tienen mayores obstáculos para esperar su juicio en libertad u obtener una justicia pronta”, aseguró Susana Saavedra, directora de la Fundación Construir.
Dijo que en materia penal la mora procesal llega al 70%, los niveles de hacinamiento carcelario superan en 270% las capacidades instaladas, y la tasa de presos sin condena alcanza al 68%, constituyendo la segunda más alta de América Latina.
María Carmen Michel de la Pastoral Penitenciaria informó que un total de 61 recintos penitenciarios, 19 urbanos y 42 carceletas rurales, albergan a 15.500 personas en predios cuya capacidad alcanza para 5.400, “lo que implica una tasa de hacinamiento que va desde 140% en San Sebastián mujeres hasta 900% en Palmasola varones, y un promedio nacional de 290%”.
El informe destaca que el presupuesto destinado a justicia durante la gestión 2016 representó el 0,52% del presupuesto general del país, mientras que el Ministerio de Gobierno percibió más del 17% del presupuesto general, pero asignó sólo el 0,47% al sistema penitenciario que está bajo su dependencia, “lo que evidencia que invertir en justicia no es tema de prioridad para el Estado”.
Michel recordó que el Estado provee un prediario de Bs 8, por cada recluso, para alimentación y otros gastos, “pero en muchos casos el gobierno central que recibe los recursos de los gobierno departamentales no desembolsa oportunamente, dejando sin dinero por 3, 4 meses o más a los recintos carcelarios, y solo con el apoyo de voluntarias que recolectan víveres en los mercados. En recintos penitenciarios de Trinidad, Riberalta, Guayaramerín, Cobija se ha llegado al extremo de recolectar deshechos de la basura para alimentar a los presos”.
En ese contexto de vulneración de derechos humanos en el espacio judicial y penitenciario las mujeres constituyen el grupo más vulnerable frente a la justicia, porque al conjunto de brechas económicas, culturales, lingüística o de otra índole se suman los sesgos de género, propiciando escenarios de doble vulneración a sus derechos y en muchos casos revictimización, aseguró Jinky Irusta de la Oficina Jurídica de la Mujer.
Dijo que aunque los decretos de indulto carcelario y amnistía han permitido la reducción de más del 30% de la población femenina en cárceles, actualmente más de 1.150 mujeres guardan detención en recintos penitenciarios, la mayoría, por delitos del régimen de sustancias controladas (38,6%) y por delitos contra la propiedad (28%).
Explicó que la pobreza es uno de los factores que prolonga la permanencia de las mujeres en las cárceles y “es frecuente que no puedan beneficiarse de medidas cautelares porque no pueden demostrar trabajo estable pues un alto porcentaje subsistía del comercio informal, o acreditar domicilio porque vivían en situación de calle, ni siquiera demostrar lazos familiares porque son víctimas de violencia, el sistema impone fianzas económicas que no pueden cumplir”.
Aseguró que los costos de un proceso extendido dejan a las mujeres sin capacidad económica para obtener la cesación de detención, porque “cualquier abogado cobra entre 500 a 1.500 dólares por audiencia, un monto que muy pocas pueden cubrir”.
El informe concluye que el Estado boliviano “tiene un problema pendiente de urgente solución puesto que los diagnósticos que reflejan la situación de derechos humanos en contextos de encierro evidencian que la perdida de la libertad deriva en la vulneración de otros derechos”.
“El sistema carcelario es una bomba de tiempo que puede explotar en cualquier momento”, advirtió Susana Saavedra.
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