La Paz, 6 de abril (ANF).- El ministro de Gobierno, Carlos Romero, informó a ANF que prepara la documentación pertinente para presentar “denuncias” ante el Ministerio Público tras descubrirse una red de corrupción en la Dirección General de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi). El caso continua en investigación.
Romero dijo a ANF que está “abocado a documentar las denuncias” que va a presentar al Ministerio Público, pero no quiso precisar los hechos concretos o los nombres de los autores porque el caso continua en fase de investigación.
Según las investigaciones del Ministerio de Gobierno, hace ocho meses se descubrieron distintas irregularidades referentes a los bienes incautados en varios departamentos del país. Preliminarmente se conoce que en estos hechos estarían implicados funcionarios de Dircabi, jueces, fiscales, policías y abogados.
“Estamos haciendo una investigación a Dircabi, la hemos iniciado hace varios meses atrás y que la campaña sucia contra el Ministro de Gobierno y su equipo de trabajo está dirigido a desviar la atención en esta investigación y a dañar la integridad moral, precisamente de quiénes están trabajando y/o estamos trabajando en esa investigación”, acotó.
Se presume que la guerra sucia con publicaciones de “memes” en las redes sociales contra funcionarios del Ministerio de Gobierno tendría vinculación con estos hechos de corrupción.
“Yo no hablo por hablar, sino lo que hablo lo sustento”, apuntó Romero.
En agosto de 2016, Dircabi denunció que no todos los bienes incautados pasan a esa entidad. En entrevista concedida a ANF la directora de Dircabi, Mirtha Jiménez, reveló que miles de bienes incautados al narcotráfico, muebles e inmuebles se perdieron, otros fueron desviados y hay abandonados, lo que genera una millonaria pérdida económica al Estado.
La Dircabi no estableció los montos exactos de las pérdidas, pero señaló que de cada 1.000 bienes secuestrados, solo 100 (10%) pasan a la administración de la institución y, de estos, solo 10 (1%) pasan a favor del Estado.
Por esa situación se habría iniciado con el inventario de todos los bienes incautados de esa institución.
En ese entonces Jiménez indicó que en un barrido nacional constataron que algunos bienes incautados no fueron entregados y tampoco se conoce las razones porque las que los jueces no entregaron los bienes.
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