La Paz, 28 de octubre (ANF).- El Ministerio de Gobierno, la Policía y el Ministerio Público anteriormente impulsaron diversos procesos penales contra varios cocaleros yungueños, universitarios y cívicos por el uso de dinamitas y otros explosivos durante protestas sociales, debido a que infringe la Ley 400 y el Decreto Supremo 2888. Sin embargo, este lunes no hicieron cumplir la medida con los mineros, afines al Gobierno, que hicieron estallar gran cantidad de explosivos con el fin de desbloquear las protestas de los vecinos paceños. Analistas consideran que la justicia no se aplica con igualdad.
En septiembre de 2013, el presidente Evo Morales promulgó la Ley 400 para regular el uso de los explosivos para garantizar la convivencia pacífica entre bolivianos. El artículo 8 de dicha Ley establece: “Queda prohibida la tenencia, porte y uso de explosivos en actividades diferentes a las autorizadas, debiendo la Policía Boliviana incautar o secuestrar dichos explosivos sin perjuicio de las acciones legales que correspondan”.
También está vigente un Decreto Supremo 2888 que prohíbe el uso de la dinamita y otros explosivos en movilizaciones y protestas. El decreto fue aprobado, después que una manifestación de los cooperativistas mineros derivó en enfrentamientos con la Policía y terminó con el asesinato del entonces viceministro Rodolfo Illanes. En ese momento, el ministro Romero dijo que las dinamitas y otros explosivos son armas letales, que no solo dañan la integridad física de las personas sino atentan contra la propia vida de sus portadores.
El artículo 1 del decreto refiere: “El presente Decreto Supremo tiene por objeto establecer la prohibición del uso, tenencia y porte de explosivos y de otros materiales relacionados, en manifestaciones públicas, movilizaciones sociales, marchas, huelgas y mítines en áreas urbanas y/o rurales, por implicar un peligro común para la vida, la integridad física y la propiedad pública y privada”.
La norma se hizo cumplir, por ejemplo, en las protestas de los cocaleros yungueños, universitarios y cívicos, en las que varias personas fueron detenidas y procesadas por infringir la normativa que tiene una sanción de uno a cuatro años de prisión y la reposición de daños civiles.
Sin embargo, este lunes los mineros de Huanuni, Colquiri, Coro Coro y Vinto marcharon por el centro paceño expresando su apoyo al presidente Morales y se abrieron paso haciendo estallar gran cantidad de cachorros de dinamita, con objeto de desbloquear las protestas de los vecinos que exigen respeto de la democracia.
Los mineros hicieron estallar las dinamitas frente a los policías; sin embargo, ninguno fue detenido, ni procesado.
La Ley no se aplica para todos
El abogado y analista Omar Durán considera que la ley no se aplica con igualdad para todos los bolivianos, ya que él defiende a varios cocaleros yungueños que fueron procesados y encarcelados por supuesto uso de dinamitas en movilizaciones.
Dijo que la norma se aplica de una manera para los que se oponen al Gobierno y de otra manera para los que son afines al presidente Morales.
“Cuando nuestros compañeros cocaleros de Los Yugas, que he defendido, ni siquiera presentaron indicio o prueba (para demostrar que estaban) haciendo uso de la dinamita, pero han dicho que estaba en su mochila, por eso he defendido a más de 10 cocaleros de Adepcoca enviados a los diferentes centros penitenciarios. Lamentablemente la ley no se cumple y lo más irrisorio de esto es que más bien los policías están cuidando a gente que está cometiendo ilícitos”, apuntó el jurista.
El exfiscal Milton Mendoza precisó que la ley debe aplicarse para todos sin distinción, en caso de que para unos se aplique y a otros no, entonces se vulnera un principio básico de transparencia y honestidad dentro de la administración de la justicia.
“Si una entidad pública aplica el rigor más grande de la Ley para algunos y para otros no, yo creo que no estamos en un Estado de Derecho”, manifestó Mendoza.
/LACH/KG/
