La Paz, 29 de julio (ANF).- Durante la gestión 2016 el Ministerio Público registró 701 casos de trata de personas, tráfico de personas y delitos conexos, incrementándose aproximadamente en un 21% de los 558 casos identificados durante el año 2015.
Sobre estos datos, el viceministro de Justicia y de Igualdad de Oportunidades, Diego Jiménez, precisó que la cifra “no es ‘alarmante’” en términos generales y comparativos como otros países de la región, donde los índices están entre 3.000 y 5.000 casos denunciados anualmente.
De acuerdo al informe del Ministerio Público, de 701 denuncias, 494 fueron casos abiertos y el restante 207 fueron, entre rechazados, desestimados, sobreseídos o declinados.
De esta cifra el mayor número de denuncias se registraron en La Paz con 389, Santa Cruz con 100, Cochabamba con 97, Tarija 36, Oruro 27, Chuquisaca 14, Beni 13, Pando 13 y Potosí 12.
Jiménez explicó que el gran número de trata obedece a que estas personas han sido inducidas “mañosamente” para que terminen siendo víctimas de este delito. “Por eso el afectado no es consciente de esta situación y le cuesta entender que es víctima de un delito”, precisó.
En la dinámica de enfrentar integral e interinstitucionalmente estos delitos transnacionales, dijo, se ha establecido un Consejo Plurinacional de Lucha contra la Trata y Tráfico de Personas, presidido por el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, y conformado por varios ministerios que desarrollan sus actividades. También se han instituido los consejos departamentales donde participan las gobernaciones, municipios e instituciones estatales.
Es el caso del Ministerio de Gobierno se creó una Dirección para la atención de este flagelo y generó unidades especiales en la Policía.
En tanto el Ministerio de Educación encara campañas de prevención, a través de cartillas y otras actividades “que se desarrollan en las unidades educativas, como una acción preventiva”.
El Ministerio de Trabajo abre la posibilidad de insertar en la sociedad a las víctimas de trata, dentro el plano de la atención y restauración a la víctima.
Jiménez precisó que los consejos departamentales permiten enfrentar delitos de trata involucrando a varias instituciones del Órgano Judicial, Ministerio Público, Gobernaciones, Alcaldías, Defensa Púbica, organizaciones sectoriales y otros para implementar políticas a nivel nacional.
Así mismo la ley dispone el apoyo de todos los medios de comunicación en la difusión de campañas o mensajes para prevenir este mal transnacional, mismo que se considera que ya está dando resultados positivos.
Según el documento ‘Informe Global sobre Trata de Personas 2016’, emitido por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), en el caso de América del Sur, la mayoría de las víctimas de trata de la región son mujeres y niñas, un 74 por ciento del total, y su destino suele ser la explotación sexual.
El 57 por ciento de las víctimas son destinadas a la explotación sexual, en su casi totalidad mujeres, y el 29 por ciento al trabajo forzado, en gran parte hombres.
Estrategias regionales
Bolivia enfrenta con estrategias, nacional e internacionales, la trata y tráfico de personas que implica la coordinación con países vecinos e internamente con diversos niveles estatales, para contener y reducir estos delitos transnacionales.
Jiménez manifestó que el trabajo que se desarrolla es de corto, mediano y largo plazo, y que ha comenzado a tener resultados.
El Viceministro dijo que después de la promulgación en julio de 2012 de la Ley 263 Integral Contra la Trata y Tráfico de Personas, el Estado boliviano “en los pocos años de vigencia de la norma alcanzó la construcción de una institucionalidad que permite la posibilidad de responder efectivamente contra este flagelo”.
No obstante, reconoció como prioridad continuar profundizando las políticas nacionales de prevención, atención y restauración de la víctima de estos casos.
Alianza internacional
Bolivia desarrolla una estrategia internacional a través de acuerdos bilaterales con Paraguay, Brasil, Perú y Argentina para enfrentar efectivamente la trata y tráfico de personas, delito transnacional que arroja cifras en ascenso cada año y que afecta a varios países.
El viceministro Jiménez explicó que Bolivia, desde el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, la Cancillería, Ministerio de Gobierno y otras instancias realiza acuerdos estratégicos a nivel internacional.
“Estamos cerrando acuerdo con países donde tenemos fronteras más sensibles en estos casos, no sólo es de interés de Bolivia sino de los países vecinos donde sus índices de trata son elevadas”, agregó.
En los últimos años, Bolivia aprobó convenios bilaterales con Perú y Argentina con quienes se tienen convenios de “Estado a Estado” para lucha contra este delito en las fronteras lo que permite tener control efectivo contra la trata y tráfico.
Se tiene acuerdos de operaciones conjuntas entre las policías, además de protocolos de coordinación inmediata en el momento de identificar estos casos.
“Estamos avanzando en convenios bilaterales con Paraguay y Brasil para estos casos y tener más posibilidades de ser eficientes en enfrentar estos delitos en las fronteras”, aseveró.
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