El coronel José Luis Aranibar.
La Paz, 12 de mayo (ANF).- El Defensor del Pueblo, David Tezanos Pinto, responsabilizó al excomandante de la Policía de La Paz, José Luis Aranibar, de incumplir su propia orden y proceder al “afronte” con los cooperativistas mineros, conflicto que concluyó con la muerte del exviceminisatro Rodolfo Illanes y cuatro mineros, en los hechos de agosto de 2016, en la localidad de Panduro.
Aranibar guarda detención domiciliaria porque fue imputado por el Ministerio Público por los delitos de incumplimiento de deberes y denegación de auxilio a Illanes.
“Con relación al incumplimiento de la orden impartida por la propia Policía Boliviana, la reexpresión del orden fue elaborada entre otros por el propio exComandante Departamental y ahí se establecía que no debía existir armas de reglamento, ni estopines, así que eso habría sido vulnerado”, afirmó Tezanos Pinto.
Agregó que con relación a la denegación de auxilio y el incumpliendo de deberes, "la base fundamental del Ministerio Público está en el tiempo que se habría demorado en el repliegue, que habría excedido a las (tres) horas, desde la orden del Ministro de Gobierno, y que se habría optado por un afronte y no por el repliegue mismo”.
Tezanos Pinto dijo que el repliegue debía efectivizarse a las 14.00 del 25 de agosto, pero se efectuó tres horas después, según el análisis de los hechos, las declaraciones de los mismos policías y otras personas particulares.
El Defensor lamentó que no haya avances en las investigaciones por la muerte de los mineros cooperativistas, porque a la fecha no existe ningún imputado; en este caso apuntó que el incumplimiento de la orden policial habría desembocado en las muertes.
“Estas muertes serían efecto del incumplimiento de la orden de la expresión impartida por el Comando Departamental”, señaló.
Detalló que se han identificado a las personas que introdujeron las armas letales al conflicto, por lo cual espera que el Ministerio Público avance en las investigaciones.
Tezanos Pinto mencionó que los efectivos que introdujeron las armas y aquellos que intervinieron en el conflicto minero se apartaron de las órdenes superiores que pedían proteger la vida de las personas.
Finalmente destacó que el informe de la Defensoría sobre el conflicto suscitado en agosto de 2016 es objetivo.
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