Nancy Vacaflor G.
La Paz, 20 de diciembre (ANF).- Carlos Llano Rodríguez tenía 32 años el 23 de marzo de 2016 cuando la Policía encontró su cuerpo en la urbanización de San Luis en la ciudad de El Alto- La Paz, camino al Lago Titicaca. Solo sus tenis de color blanco y negro y sus medias blancas a rayas no habían sido consumidos por el fuego. Su hermana Tatiana reconoció esas prendas cuando las vio en la televisión, pero prefirió pensar que no era Carlos.
Carlos había ido al barrio San Luis en busca de su esposa e hijos imaginarios y de una madre que había fallecido. Padecía de esquizofrenia. ¡Ratero, Ratero! Gritó una mujer señalando a Carlos. Durante las próximas cinco horas fue rodeado por una multitud, golpeado, rociado con gasolina hasta que una mano prendió el fósforo y lanzó la llama al ensangrentado cuerpo.
A los 16 años, Carlos Llano sufrió una ruptura amorosa con la primera y única mujer a la que amó. Desde ese momento, se sumió en una profunda depresión y “nunca pudo aceptarlo”, cuenta Tatiana, estudiante de derecho que asumió la defensa para limpiar el nombre de su hermano, que murió acusado de ladrón y linchado por enardecidos hombres y mujeres.
El amor de su vida nunca se desentendió de Carlos, pero sus vidas tomaron caminos distintos. La que fuera su pareja vive fuera del país, pero siempre que llegaba a Bolivia lo visitaba, incluso cuando terminaron con su vida.
A ocho meses de la muerte de Carlos, cuatro personas guardan detención preventiva. entre ellas, Samuel Cañizaca y Silverio Cauna “por ser los autores del hecho, ya que los mismos agredieron físicamente a la víctima hasta el punto de que pierda la vida, posteriormente no denunciaron el hecho para eludir a la justicia”, dice la imputación del Ministerio Público.
Respecto a Teresa Mamani y Ramona Chura, también están detenidas, por ser instigadoras y encubridoras de la muerte de la víctima. Lourdes Coyo fue imputada por complicidad, pues proporcionó el alcohol de su tienda para terminar con la vida de Carlos.
La lista de lista de imputados es extensa, entre los que se encuentran Hilaria Paco, Emilio Chino, Juan Mamani, Bany Rati Alanoca, Rolly Cadena, Elena Quispe, Gonzalo Cauna y Julio Churata. La Fiscalía señala como partícipes a otras 18 personas de la urbanización identificadas en el documento.
“Encubrieron a los autores a efectos de que los partícipes del hecho eludan la acción de la justicia, además de omitir denunciarlos, hechos que dependieron de la voluntad humana de todos los imputados a los delitos atribuidos, en ese contexto el delito se hace más gravoso y su configuración dolosa, adecuando su conducta al supuesto delito penal de asesinato, encubrimiento, complicidad, instigador y autor”, señala la imputación.
Recientemente, se amplió la acusación contra David Cano. El Ministerio Público se tomará otros seis meses, es decir, hasta el 2017, antes de presentar la acusación formal. Tatiana teme que esto dilate el proceso, lo que para la familia significa erogar más recursos económicos, tiempo y desgaste del día a día para que el caso prospere.
Para las autoridades existen suficientes indicios sobre la autoría y participación de los imputados en el asesinato de Carlos. Determinaron su detención y las medidas sustitutivas ante el riesgo de obstaculización de la investigación y los riesgos de fuga. Los vecinos, en el afán de evitar las indagaciones, cavaron zanjas en la urbanización, para impedir el ingreso de la policía y los fiscales.
La zona San Luis está ubicada en el área urbana de la ciudad de El Alto, sus pobladores son de condición migrante campesina. Muchos de los detenidos tienen ocupación de albañiles, choferes, comerciantes y amas de casa.
Familia imaginaria
La mente de Carlos había construido una familia. Creía que tenía esposa e hijos y que su madre estaba viva. Nunca se casó, no tuvo hijos y su madre murió el 2014, pero estaba seguro que un día iba a encontrarlos.
En una ocasión desapareció cinco días. Había caminado hacia la energía del Lago Titicaca donde, por alguna razón, pensaba que su supuesta esposa e hijos le esperaban. Volvió a su casa como un náufrago, con el rostro quemado por el sol y los labios deshidratados.
Cuando su enfermedad empeoró, su familia intentó evitar que saliera a caminar a la calle. No lo logró. “Le dijimos ‘no Carlitos, no vas a salir’. Pero él empezó a llorar como nunca, como un bebé chiquito. Con mucho dolor en su rostro le decía a mi hermano: ‘Roger tú tienes tus hijos eres feliz, los tienes cerca, yo no, deja que vaya a buscar a mi familia’”, relató Tatiana. Con este mismo objetivo partió aquel día fatal.
El pacto del silencio
Un pacto del silencio acompañaba el ambiente en la zona San Luis, donde antes de que llegara la patrulla de la Policía, los vecinos hicieron del lugar un circo romano. ¡Ratero! ¡ratero! Fueron las dos palabras que detonaron los hechos. La principal instigadora, según las investigaciones, fue Teresa Mamani. En sus declaraciones dijo que vio "a un chico raro que parecía loco". Cuando se acercó a la acera, la mujer se asustó y empezó a gritar.
Eran las 17.00 horas cuando al menos 100 vecinos salieron de sus casas para hacer "justicia" con sus manos. Lo capturaron. Lo llevaron a una pequeña cancha donde lo golpearon “salvajemente” con “alevosía” y “ensañamiento”, describe el Ministerio Público en los antecedentes del hecho.
En la noche, aparentemente sin vida, lo trasladaron desde la cancha hacia un sembradío de papa en una urbanización contigua a San Luis. Ahí alguien dio la orden de matarlo. Le echaron chorros de gasolina y dispararon fuego. Lo incineraron. El cuerpo quedó abandonado en el piso agreste.
“El cadáver presentaba quemaduras en diferentes grados y regiones del cuerpo, presentaba ausencia de tejido muscular en miembros superiores e inferiores sujetados con alambre de construcción”, señala la Fiscalía.
Según el informe forense la causa de la muerte fue por “choque neurogénico por trauma térmico severo por calor”, es decir, existió un grave daño en el sistema nervioso central, lo que provocó un insuficiente suministro para la circulación de sangre en el cuerpo. Siendo la concausa policontuso” o fracturas.
Tatiana recuerda el momento en el que reconoció el cuerpo de su hermano, convertido en una masa oscura. “Sus piecitos se salvaron. Cuando le sacaron su tenis y sus medias vi sus callos. Carlos no tenía una uña, se la hizo por tanto caminar”, cuenta.
“Es demasiado hiriente recordar todo esto, ha sido un golpe muy fuerte para la familia perder así a mi hermano, al más vulnerable, al más dulce al más cariñoso”.
Carlos era hermano de otros cuatro varones y dos mujeres. Su padre aún no encuentra consuelo. A él le tocó enfrentar la burocracia de la morgue que demoró una semana en permitirles santa sepultura para el cuerpo del hijo.
Ahora la familia financia las investigaciones, es decir, memoriales, notificaciones y otros gastos. La plata nunca es suficiente en estos casos.
La Defensoría del Pueblo, en la gestión 2015, en base al seguimiento a los medios de comunicación informó que se produjeron 32 casos de linchamiento e intento de linchamiento.
El linchamiento es un “delito” que no se puede justificar independientemente de los hechos, afirmó el ministro de Gobierno, Carlos Romero, a propósito del reciente ajusticiamiento de un presunto violador de una niña de cuatro años.
La “justicia” en manos de una turba exaltada puede terminar en el linchamiento de un “inocente”, acotó la autoridad, quien precisó que la Constitución boliviana no reconoce la pena de muerte.
Tatiana sabe de ese riesgo: entre la masa se difumina a los autores intelectuales y materiales, pero también cree que existen quienes ordenaron y ejecutaron una acción. El caso de su hermano, dice, no puede quedar en la impunidad.
/NVG/MVV/
