Ministro Héctor Arce en conferencia de prensa.
La Paz, 21 de junio (ANF).- El ministro de Justicia, Héctor Arce, aseguró este miércoles que fue forzada, injusta e ilegal la sentencia condenatoria que impuso la justicia chilena en contra de los nueve funcionarios bolivianos detenidos en un incidente fronterizo y anunció que frente a ese hecho el Estado Plurinacional decidió acudir ante el Pacto de Bogotá para que se investigue el caso de una forma más seria y responsable.
“Se dictó una sentencia, que injustamente ha forzado Chile en contra de nueve ciudadanos bolivianos, se trata de una sentencia absolutamente injusta, es una sentencia que obedece a un proceso totalmente arbitrario e ilegal sobre un tema que jamás ni bajo ninguna circunstancia debió ser judicializado, este fue un incidente fronterizo que debió ser resuelto por la vía diplomática”, aseveró.
Agregó que forzar este proceso con argumentos inverosímiles, sólo obedece a la “soberbia de algunas autoridades de Chile” (como el caso de la presidenta chilena Michelle Bachelet) que antes de que se inicie la investigación ya sentenciaron a los funcionarios detenidos asegurando que son ladrones.
Esta reacción surge después de que la jueza del Tribunal de Garantía de Pozo Almonte, Isabel Peña, condenó a los nueve bolivianos detenidos desde el pasado 19 de marzo por los presuntos delitos de robo con intimidación y contrabando. Además a dos de ellos (los militares) les impuso otra sentencia por porte ilegal de arma de fuego.
Luego Peña ordenó la expulsión de los nueve detenidos en un plazo de 30 días.
Sin embargo “no existe la posibilidad mínima ni coherente de que pudo existir robo por parte de nuestros funcionarios porque ellos sólo estaban trabajando en la frontera en contra de la actividad del contrabando, tampoco pudo existir una portación ilegal de armas porque son instrumentos de trabajo de lucha contra un delito transnacional, ni mucho menos puede existir contrabando en un operativo en el que se luchaba precisamente contra el contrabando”, afirmó el ministro.
En ese marco, según Arce, las autoridades bolivianas harán un análisis detallado de la extensa sentencia condenatoria (46 páginas) con todos “sus argumentos erróneos para forzar una situación injusta”.
“Pues dicha sentencia y todo este proceso han violado la inmunidad jurisdiccional del Estado, que es una situación que Bolivia la hizo notar en un recurso de amparo que se planteó ante la Corte Suprema del Estado chileno y que no mereció ni siquiera un análisis ni una valoración jurídica”, acotó.
Asimismo dijo que la sentencia violó la inmunidad penal de los trabajadores de un Estado “porque se forzó que funcionarios legalmente constituidos de un Estado sean juzgados por un tribunal de otro Estado”.
Por tanto “en el fondo hay una serie de violaciones al derecho internacional que Bolivia reclamará. Nosotros queremos anunciar de manera oficial, que Bolivia, una vez que se ha consumado este hecho, acudirá ante el Pacto de Bogotá, ante los procedimientos de investigación que conllevan el Pacto de Bogotá para pedir una investigación seria y responsable de acuerdo al procedimiento que está señalado en ese Pacto que es un tratado para la solución pacífica de controversias, suscrito por Bolivia y Chile”, apuntó.
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