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Politica

23 de julio de 2017 16:17

Reportaje: En busca de la Loma Santa y la reivindicación de territorios del pueblo mojeño

Entre los pueblos mojeños (ignaciano y trinitario) movima, yuracaré y chimán resurgió la misión de salir “en busca de la Loma Santa”, protagonizaron una marcha del 5 al 18 de julio. Exigen al INRA anular una Resolución que convierte su territorio en tierras fiscales.

20370349_10213196261116511_218176374_n Los indígenas en defensa de su territorio piden que la Constitución Política del Estado se respete. Foto: ANF

Arnold Guachalla

San Ignacio de Mojos, 23 de julio (ANF).- El pasado 5 de julio entre los pueblos mojeños (ignaciano y trinitario) movima, yuracaré y chimán resurgió la misión de salir “en busca de la Loma Santa”, una creencia mitológica que los ha unido por varias generaciones y que nuevamente emergió a través de lo que ellos han denominado ‘Caminata de reafirmación de nuestro derecho histórico sobre el área del Bosque de los chimanes’, una marcha simbólica que protagonizaron más los indígenas. 

¿Qué diría si un día le tocan la puerta de su casa y le notifican que debe abandonarla porque usted y su familia no aportan en nada para la mantención económica de la comunidad en la que vive? ¿Acaso no sería una idea descabellada pensar que a esa gente no le importa que el domicilio es de su propiedad y que pese a ello pretendan desalojarlo porque consideran que otra familia podría darle un mejor uso (comercial, agrícola, económica) y generar un movimiento que beneficie a la colectividad?

Estas son algunas consultas que por poco lógicas que suenen muestran un buen resumen del problema por el que actualmente pasan los pueblos indígenas que coexisten en los territorios de la provincia beniana de San Ignacio de Moxos, al noroeste del país.

 “Estamos preocupados porque nos enteramos que nuestras tierras, reconocidas por el Decreto Supremo 22611 de 1991, norma que fue resultado de una lucha a través de la Primera Marcha por la Vida y el Territorio de 1990, corren peligro porque el INRA (Instituto Nacional de Reforma Agraria) ha levantado un informe sobre ese territorio y las llamó tierras fiscales (a través de la Resolución Administrativa RA-SSNNo 0530 del 30 de junio de 2010); por eso que como dirigencia nos movilizamos junto a los hermanos de la TCO (Tierras Comunitaria de Origen) Movima y del TICH (Territorio Indígena Chimán)”, señaló el presidente de la Subcentral del Territorio Indígena Multiétnico (TIM), Bernardo Muiba, tras la conclusión de la caravana de 14 días de duración (del 5 al 18 de julio).

Durante el simbólico acto del inicio de la marcha, el presidente de la Central de Pueblos Etnicos Mojeños-Beni (CPEM-B), Adhemar Mole, dio un emotivo discurso en el que fundamentó de la mejor manera la indignación que los pueblos indígenas sentían por esta compleja situación porque lo que es catalogado como “tierras ociosas o sin funcionalidad aparente” para el Gobierno, tiene un rol vital para la supervivencia de los pueblos que habitan dichos territorios.

“El Bosque Chimán es algo irrenunciable para el pueblo mojeño (…) la gente de estos lados siempre ha tenido en la mente que tuvo una Loma Santa, donde va a tener un territorio donde vivir sin que nadie lo moleste. Un lugar sagrado donde solo el pueblo puede habitar, donde tiene alimento, agua y que no necesita mucho más. Hoy las políticas extractivistas y consumistas del Estado están en contra de los intereses de los pueblos indígenas”, señaló.

De concesiones madereras a tierras fiscales: se repite la historia

Tal como ocurrió en 1985, en la actualidad un “tercero” sería favorecido con la dotación de tierras aptas para la explotación de sus recursos. Así lo explica Ismael Guzmán, técnico por 20 años del Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (Cipca) acantonado en San Ignacio de Mojos y que hace un resumen histórico y compara la emergencia indígena que se generó en la década del 80 frente al despojo de sus tierras y la misma situación que se vive actualmente con el movimiento indígena de esta región amazónica.

“Esta área entre las provincias de Mojos, Yacuma y Ballivián, ubicados al sudoeste del Beni, es un territorio que fue uno los más ricos en recursos maderables. Maderas finas como la mara y el cedro despertaron el interés de empresas madereras. En el Estado, a nivel regional, se generó grandes expectativas, pero también en esta área habitaban poblaciones con mayor solidez en lo que se refiere a población y organización como lo son el pueblo chimán, los mojeños y los movimas”, dijo.

La organización armónica de dichos pueblos llegó a imponerse con un modelo de ocupación de sus territorios. Sin embargo, el deseo de explotación de la madera llevó a la creación del denominado “Bosque Chimán” en 1978, el que “estaba sujeto a la realización de un estudio para reconocer el potencial económico de esta área”.

“En 1985 se empieza con un proceso de aprovechamiento de estas áreas de un modo intenso con la presencia de empresas madereras. Esto genera algunos conflictos internos en el ámbito jurídico con el Estado, ya que había un decreto donde se prohibía dicho aprovechamiento hasta poder establecer estudios más adecuados y serios para realizar una explotación sostenible e incluso se habla de un modelo que pueda ser referencial en el país”, agregó.

Ese año se activa la emergencia de los pueblos mojeños que, con una solidez más evidente en su organización territorial, se incluyen en el debate, comienzan a presionar y mostrar resistencia exigiendo respeto a sus territorios.

“Esto genera una intervención directa por parte del Estado, especialmente a nivel regional. Se establece que no se va aprovechar el área, pero a pesar de ello se dan permisos de tala de árboles por lo menos una vez al año. Esto desemboca en la primera marcha indígena ocurrida en 1990 por el territorio y la dignidad”, cuenta Guzmán.

La movilización hizo que se planteen negociaciones entre indígenas y Gobierno, diálogo del que emergió el Decreto Supremo 22611, del 24 de septiembre de 1990, con el que se definió el área del Bosque Chimán en cuyo interior se crean dos territorios indígenas: uno para el pueblo chimán (TICH) y otro para los pueblos mojeño, movima y yuracaré (TIM).

“Se define que hay un área de reserva: la Estación Biológica del Beni y se establece otra área para el aprovechamiento de la madera, un territorio bastante significativo porque estamos hablando de un área de 1.2 millones de hectáreas. De toda esa superficie un poco más de 14.000 hectáreas son definidas para el aprovechamiento forestal de carácter empresarial”, añadió.

La duración de la concesión, en el caso de empresas madereras grandes, sería de 20 años a partir de 1991 y teóricamente ya venció el 2011, por lo que los espacios otorgados debían ser restituidos según el acuerdo, sin embargo, no fue así y tras 27 años de la marcha de 1990 la emergencia nuevamente se reactiva.

“Los pueblos indígenas esperaron que se pueda concretar este acuerdo que estuvo refrendado por un Decreto Supremo, pero ahora pueden ver que el Estado está iniciando un proceso de distribución de esas tierras a otros actores. Un área de las 10 concesiones en el Bosque Chimán se ha declarado como tierra fiscal de libre disponibilidad. Ya hay algunas comunidades campesinas establecidas en el lugar, algo que ha puesto en emergencia a los indígenas que tuvieron acercamiento con el Estado, a través del INRA, para expresar su reclamo”, aseguró Guzmán.

La Loma Santa y el territorio como un espacio común que no conoce de fronteras

La Loma Santa es un espacio que le permite vivir a la gente a través de su manera de ser; la gente indígena tiene una relación con el territorio que no es una relación económica, es una relación existencial; el territorio es el que les da comida, les da para vivir, les da para cazar y cultivar, para mantener el equilibro. La Loma Santa es este territorio que está a su disposición, a los que no entran las leyes del mercado, leyes económicas, extractivas, o de aprovechamiento pleno”, refirió el párroco de San Ignacio de Mojos, Fabio Garbari, sacerdote jesuita, quien conoce mucho de esta problemática.

Y es que se trata de un tema que no es ajeno a los jesuitas que llegaron a las tierras del Gran Mojos (hoy Beni) y fundaron, el 1 de noviembre de 1689, lo que sería conocido como el Tercer Pueblo de las reducciones jesuíticas del entonces Virreinato del Perú, Real Audiencia de Charcas.

“Los indígenas en el Beni fueron amedrentados por expediciones de cacería de esclavos en tiempo de la Colonia. A eso respondieron los jesuitas con las misiones o reducciones. Lograron hacer que el territorio se mantuviese para la gente. Después hubo otra arremetida por parte de todos los empresarios gomeros (entre 1870 hasta 1910 y un breve repunte en 1940 por la Segunda Guerra Mundial) y por ello la gente volvió a huir al monte y encontró en la protección del monte y en su inaccesibilidad su frontera que le garantizara su Loma Santa”, dijo.

El padre Fabio recordó que, tras superar dichos conflictos, nuevamente se vino la amenaza con las concesiones para la explotación maderera “a la que supieron responder con la marcha del 90” para delimitar sus territorios y asegurar su “Loma Santa”, pero que retornan los “fantasmas del pasado” con intereses definidos.

“Ahora estamos en el actual intento de perforación de sus territorios, de la destrucción de su Loma Santa, con estos proyectos de poner carreteras que cruzan los territorios y de declarar tierras fiscales a sus tierras para después entregar a otros hermanos que viven en otra lógica. En una lógica de colonización, de extractivismo, en lógicas que cuando ven al árbol ven cuantos metros de madera pueda dar. Esta es la actual amenaza a la Loma Santa”, comenta.

Caso muy particular es el que vive el pueblo chimán que se ve invisibilizado en pleno auge del Estado plurinacional y que descubrió su nombre en la Constitución Política del Estado (CPE), “más no así el cumplimiento de sus derechos”.

“No olvidemos que en el Beni vive el 50% de los pueblos indígenas reconocidos en la Constitución; 18 pueblos indígenas tienen su habitad en esta región. Y éstos, en su carácter amazónico, tienen una relación estrecha con el territorio como forma básica para su desarrollo material y espiritual”, señaló Guzmán, técnico de Cipca.

En palabras del presidente de la Subcentral TIM, se fue en búsqueda de la Loma Santa con el objetivo de encontrar el auténtico “vivir bien” y “donde no haya problema, ni violencia o pobreza”.

“En ese mismo recorrido recordamos el deseo de nuestros antepasados de poder encontrar la Loma Santa en ese territorio que ahora está en peligro y que nosotros la seguimos respetando como un territorio sagrado de nuestra región”, agregó.

El futuro del pueblo chimán

Los chimanes tienen la característica de ser un pueblo nómada que siguen un trayecto al interior de la vasta extensión de su territorio que dejaría de serlo si se declarasen tierras fiscales. Ellos no conocen de límites o fronteras porque el monte es su casa y toda la naturaleza su protectora.

“Ellos tienen un patrón de ocupación territorial en base a las circulaciones a lo largo del territorio. Los estaríamos privando de estos espacios y eso tiene una connotación de desintegración de su cultura. No nos olvidemos que este grupo de familias chimanes que circulan en ese territorio son familias que se encuentran en estado de semi aislamiento voluntario. Estamos trasgrediendo otro aspecto constitucional (…) Esto tiene un carácter etnocida porque estaríamos trastocando un modo de vida, una forma de relacionamiento de estos grupos de familias con su entorno natural”, agregó Guzmán.

A decir del experto, uno de los argumentos que esgrime el Estado a través del INRA es que tras la fiscalización de las tierras se le iban a dotar de tierras a los chimanes como manda la ley, pero no se trata simplemente de dar hectáreas de territorio.

“La ley es clara porque hay una relación más o menos de 50 hectáreas por familia. Si es un grupo de ocho familias y partimos de esta lógica, son como 400 hectáreas para ese grupo chimán. Ese grupo va a ser reconocido con 400 hectáreas, pero ellos en su práctica de circulación se desplazan en dos o más días de caminata continua. Esto es para darnos una idea de cuanta superficie necesitan para desplazarse en sus patrones de circulación”, manifestó.

El límite territorial para el pueblo chimán se convertiría en una especie de “enclaustramiento”, según Guzmán, “algo que significa desarticular un modo de vida que está reconocido constitucionalmente”, porque se los obligaría a vivir sedentariamente.

En busca de la Loma Santa: siguiendo el paso de los ancestros

Un grupo de ocho dirigentes indígenas decidieron asumir el reto y seguir la senda que sus abuelos habían tomado desde tiempo ancestrales. Internarse en lo más profundo del bosque buscando ese territorio sagrado para los mojeños: la ansiada Loma Santa.

La caminata comenzó el 5 de julio desde la comunidad de Santa Rosa del Apere, localidad ubicada a 35 kilómetros de San Ignacio de Mojos (sudoeste).

“En cada comunidad que íbamos pasando se sumaban cinco comunarios por población y así se armó el grupo hasta llegar allá. Ese fue el objetivo que teníamos como dirigentes rechazando esa resolución que emitieron y que se cumpla el decreto 22611. Es eso lo que nosotros queremos porque ya hemos visto con nuestros propios ojos y nadie no los va a contar: hay bastante riqueza que tenemos en el bosque (chimán) porque lo hemos visto”, informó a su llegada la presidenta de las mujeres de la Subcentral del TIM, Paulina Noza.

Tras dejar aquel asentamiento, el recorrido siguió hacia el sur, pasando por las comunidades de Pueblo Nuevo, San José del Cavitu, Mercedes del Cavitu, Chirisi, El Naranjal hasta llegar a la localidad denominada El Piñal. Estas últimas comunidades son parte de los espacios por donde desarrollan sus viajes los chimanes que también tomaron contacto con los marchistas.

Posteriormente y tras constatar in situ las potencialidades que ofrecen estos territorios, decidieron retornar por el mismo camino hacia San Ignacio, sin embargo, algunos problemas evitaron que mucho de los participantes pudieran retornar juntamente con sus compañeros.

“Tuvimos percances porque dos de nuestros compañeros se enfermaron. Uno se puso muy grave y casi se nos muere por lo que tuvo que quedarse en Narajal y nosotros seguimos hasta Piñal. Estaba con vómitos y diarrea, no podía comer. Él junto a otro se fueron en busca de balas para protegernos del tigre porque nos contaban que había en la serranía y volvió mal”, relató la secretaria de Actas de las Mujeres del TIM, Matilde Medrano.

Por su parte, el Subalcalde del distrito TIM, Cecilio Gualú, destacó el encuentro con sus hermanos chimanes a los que identifican como “parientes” y que también tuvieron la oportunidad de expresar su sentir.

“Los parientes están contentos porque hemos ido a apoyarlos junto a los compañeros movimas. Están contentos porque fuimos a defender los espacios. Los hermanos chimanes de San Borja nos dieron su apoyo para hacer más fuerza”, dijo, además de enfatizar que necesitan mayor atención por parte de las autoridades en cuanto al tema de la salud.

Tras llegar al objetivo, los poco más de 40 movilizados, decidieron firmar un acta en la que reivindicaban varias exigencias entre las que resalta “el rechazo enérgico de la resolución del INRA de declarar la región del Bosque Chiman y exconcesiones forestales como tierras fiscales.

“Exigimos el cumplimiento del derecho a la consulta previa para la explotación y aprovechamiento a los recursos naturales en los territorios indígenas porque hemos visto que en el lugar a unos 60 kilómetros de Monte Grande han hecho la apertura de un camino que pretende ser mejorado. Los derechos de los pueblos indígenas no están siendo respetados y no se ha consultado de esto a nosotros que somos dirigentes”, informó Muiba a tiempo de señalar que muchos representantes chimanes, que no sabían firmar, decidieron poner su huella dactilar para autentificar el documento.

Las principales preocupaciones de los protagonistas de la marcha en busca de la “Loma Santa” están muy claras porque han observado los vertiginosos cambios en algunos departamentos del país, sectores donde se tomaron posesión de tierras de origen indígena relegando al pueblo que era legítimo dueño de aquel territorio.

“Miramos cada día el cambio que se vive en algunos departamentos y uno de los claros ejemplos es que en Cochabamba producen bastantes espacios de coca y esa es la que destruye las tierras porque la dejan sin vida (…) Hermanos son despojados de sus tierras como en Santa Cruz, lugar donde los hermanos ayoreos se encuentran mendigando sin tierras ni viviendas donde puedan acogerse o hacer las actividades que antes hacían”, aseveró con preocupación.

Queda mucho por recorrer según el análisis de los dirigentes del TIM en la búsqueda del respeto a sus territorios ancestrales, sin embargo, ellos están conscientes que otra generación los reemplazará con la misma fuerza, así como hoy lo hacen ellos evocando la lucha de los pueblos mojeños hicieron en 1990.

/AGL/NVG



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