La Paz, 29 de agosto (ANF).- La exministra de Medio Ambiente y Agua, Alexandra Moreira, fue enviada por el Gobierno como funcionaria en el servicio exterior, la oposición cree que se trata de un “premio a la ineficiencia”; mientras que el Presidente del Senado, afirma que son decisiones del Órgano Ejecutivo y que no pasan por la Asamblea Legislativa.
“Son decisiones que nos desbordan. Nosotros no tenemos ninguna posibilidad de decir nada, son decisiones que se toman en el Ejecutivo. Como cualquier ciudadano tenemos nuestras apreciaciones pero reitero son decisiones del Ejecutivo, que no pasan por el ámbito de la Asamblea”, declaró el presidente de la Cámara Alta.
Este lunes, ANF publicó la información que la exautoridad se va como funcionaria en el servicio exterior, según fuentes extraoficiales ocupará un cargo en la embajada de Bolivia en México. Moreira ahora forma parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, según su Declaración Jurada en la Contraloría General del Estado.
La exautoridad junto a otros servidores públicos es investigada porque 94 barrios de La Paz en la zona Sur y la ladera Este, en noviembre de 2016, se quedaron sin agua, producto del descenso de los niveles de la represa en Hampaturi.
Varias querellas se presentaron después del problema que dejó sin agua a varios barrios de esta ciudad. El interventor de la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (EPSAS), Humberto Claure, interpuso una denuncia penal contra sus dos antecesores, Rudy Rojas y Hugo Gómez.
Por su parte, el senador Yerko Núñez (UD) presentó una denuncia penal por los delitos de incumplimiento de deberes y delitos contra la salud pública en contra de la entonces ministra de Medio Ambiente y Agua, Alexandra Moreira; contra el exdirector de la Autoridad de Fiscalización de Agua Potable y Saneamiento (AAPS), Benecio Quispe; el exinterventor de EPSAS, entre otros.
“Hay que ser incapaz para que después termines premiado. Lamentamos que el Gobierno haya optado por una actitud cómplice con esta señora (Alexandra Moreira), sabiendo que enfrenta una acción penal que no avanza y que es responsable por la crisis del agua, ahora la envían al exterior”, protestó el jefe de la bancada de UD, Wilson Santamaría.
Lamentó que la exministra no cuente -por ejemplo- con “arraigo” para evitar que salga del país y enfrente la querella penal en su contra. “Es una vergüenza que se premie a los ineficientes”, insistió el legislador, quien demandó que la Cancillería y la Fiscalía se pronuncien.
“Es una actitud protectora y le hacen huir del país para que no asuma su responsabilidad legal”, sostuvo Santamaría.
Pese a las críticas contra el Gobierno por la “mala” administración” del problema originado por la falta de provisión de agua, las autoridades no prescindieron de Moreira. Renunció el 18 de enero de este año, poco antes de ser interpelada en la Asamblea Legislativa.
A 10 meses de haber sucedido este hecho aún no existe acusación del Ministerio Público. Moreira concurrió a declarar en la Fiscalía, y el caso sigue pendiente de ser resuelto.
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