Jimena Mercado C.
La Paz, 19 de diciembre (ANF).- La profundización del modelo extractivista exportador ha llevado al país a la consolidación de la reconfiguración de la frontera petrolera, minera y agrícola, durante este 2016, en medio de una fuerte presión económica por conseguir más recursos y por tanto más áreas de exploración y explotación.
En un contexto de precios bajos del gas, el Gobierno flexibilizó las normas hidrocarburíferas para modificar los mecanismos de asignación de compensación a los pueblos afectados por actividades hidrocarburíferas, así como las formas y tiempos de la consulta a los pueblos indígenas. Se abrieron las áreas protegidas (AP) a la exploración hidrocarburífera, se modificó el reglamento ambiental y se aprobó la ley de incentivos para la exploración petrolera.
La urgencia por encontrar nuevos reservorios de gas tiene que ver con la caída de los ingresos por la disminución de los precios internacionales del petróleo, la disminución de las reservas de gas que han llevado incluso a incumplir el contrato con Argentina y la necesidad de encontrar gas para sostener un nuevo contrato de compra venta de gas con Brasil.
Ante esa urgencia, el gobierno sobrepuso las áreas de exploración sísmica a Tierras Comunitarias de Origen (TCO) y reservas naturales. Incluso, en el área de exploración sísmica en la Amazonía, en la reserva de Toromona, la china BGP alertó de la presencia de un pueblo no contactado, pero las tareas prosiguieron por órdenes de YPFB.
En el Bloque Nueva Esperanza, la china BGP interviene una longitud de 1.008 kilómetros con 20.160 detonaciones, mientras que en el Bloque Río Beni, otra china como es Sinopec intervendrá una longitud de 1.667 Km con 41.675 detonaciones de explosivos. Entre ambos comprenden los departamentos de La Paz, Beni y Pando.
Según un estudio del Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib), las áreas de interés hidrocarburífero se sobreponen con múltiples fuentes de agua y cabeceras de cuenca y alcanzan una superficie hasta el 2015 de 31 millones de hectáreas entre áreas reservadas y contratos petroleros.
Megaproyectos en la Amazonía y AP
Durante la gestión de la exministra Teresa Morales se aprobó en 2010 la creación de la Empresa Azucarera San Buenaventura (EASBA), calificándola de prioridad nacional. Sin considerar la vocación forestal de la región, se erigió una planta adjudicada a la china CAMC por 270 millones de dólares.
Actualmente, el pueblo Tacana denuncia la invasión de colonos como consecuencia del ingenio, así como la tala indiscriminada de bosques para introducir plantaciones de caña de azúcar en un área de sobreposición territorial. El propio Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) otorgó a favor de la azucarera 5.000 hectáreas de tierras, y se prevé que sean 10.000 hectáreas.
La construcción del puente sobre el río Beni entre San Buenaventura y Rurrenabaque demandó una importante deforestación que hace temer a los pobladores mayores inundaciones en una región que sufre desbordes en temporada de lluvias.
Hidroeléctricas
Para este año, el presupuesto destinado a las hidroeléctricas llega a 358,9 millones de dólares. Sin embargo, el Gobierno prevé concretar hasta el 2025 al menos 17 proyectos hidroeléctricos, entre los más grandes para exportación se encuentran El Bala-Chepete, Cachuela Esperanza, Complejo Rio Grande, Jatun Pampa y Seripona.
A pesar del rechazo a la construcción del proyecto El Bala por parte de las comunidades de los pueblos Tacana, Mosetén, Tsimane y Uchupiamonas, y la advertencia de ambientalistas por los serios impactos que puede generar la megaobra, el Ejecutivo insiste que ejecutará la hidroeléctrica. Por lo pronto la empresa Servicoms, subcontratada por la italiana Geodata se retiró de El Chepete, por considerar que no hay condiciones.
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Marco Gandarillas, director del Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB)
“Todas las áreas protegidas están amenazadas”
Las Áreas Protegidas (AP) -que albergaban muestras pequeñas de biodiversidad en buen estado de conservación- ahora se encuentran seriamente amenazadas con la expansión de las actividades extractivistas, informó el director del Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB), Marco Gandarillas.
“Todas las Áreas Protegidas están severamente amenazadas por la expansión de las actividades hidrocarburíferas y mineras. Por decisión gubernamental están siendo desnaturalizadas”, afirmó el investigador.
Entre los casos más emblemáticos mencionó el del Parque Aguaragüe, Parque Pilón Lajas, Parque Nacional Madidi, Parque Tariquia, de la reserva de Tucavaca y del Parque Tunari.
“Lo que hemos visto es una flexibilización ambiental por la que se está levantando todo un sistema de protección normativo que tenían estas reservas (…). Ya no quedan medidas de protección ni para los cuerpos de agua como lagos y ríos, todos tienen problemas severos de contaminación”, manifestó.
El investigador dijo que las actividades extractivistas no sólo generaron problemas ambientales y sociales, sino también impactos negativos en la economía de las comunidades afectadas.
“En casi todas las actividades extractivistas hay prostitución; se desata un negocio de trata de personas sobre todo en las zonas mineras auríferas, así como en las áreas forestales como Guarayos donde se identificaron 45 prostíbulos”, aseveró.
Gandarillas señaló que el Gobierno justifica su intervención en las AP con el argumento de que se lucha contra la pobreza y genera recursos en beneficio de todo el país, sin embargo dijo que sucede lo contrario.
