Ministra Gisela López. Foto: El Día
La Paz, 10 de agosto (ANF).- La ministra de Comunicación Gisela López respondió este jueves a la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP) que Bolivia cuenta con la Constitución Política del Estado para garantizar el derecho a la información, y no con un “decretito” promulgado en la gestión de Carlos Mesa.
“ANP: derecho a la información no está en un decretito (de Mesa), está en la CPE y es logro de esta revolución. En Tipnis no se oculta nada”, escribió la funcionaria en su cuenta de Twitter.
Según la Constitución Política del Estado, el artículo 21 sobre derechos civiles señala que las bolivianas y los bolivianos tienen derecho “A acceder a la información, interpretarla, analizarla y comunicarla libremente, de manera individual y colectiva”.
El artículo 106 del capítulo séptimo referido a Comunicación Social, indica que “El Estado garantiza el derecho a la comunicación y el derecho a la información”.
La ANP demandó a las autoridades gubernamentales transparencia informativa sobre las construcciones que se realizan en el Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS).
El reclamo de la ANP surge después de que el diario El Deber denunció la semana pasada que la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) impuso “secreto a las obras en el TIPNIS”.
En la información que dicho medio publicó se indica que la ABC pactó confidencialidad con las empresas que construyen los puentes al interior del TIPNIS.
La organización, que aglutina a los principales medios escritos del país y una agencia de noticias, respaldó su pedido en el principio del Decreto Supremo 28168, promulgado por Carlos Mesa el 17 de mayo de 2005.
En la norma se reconoce el “derecho de acceso a la información a todas las personas como un presupuesto fundamental para el ejercicio pleno de la ciudadanía y el fortalecimiento de la democracia”.
Asimismo se establece que toda entidad del Ejecutivo tiene la obligación de entregar la información de manera completa, adecuada, oportuna y veraz, a solicitud de cualquier persona, sin discriminación alguna.
En ese contexto, la ANP también recordó la vigencia del artículo 106 de la Constitución Política del Estado (CPE) que “garantiza el derecho a la comunicación y el derecho a la información” de las personas.
Además la Asociación remarcó que en el año 2012 la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró que “el acceso a la información es una herramienta fundamental para la construcción de ciudadanía. A través de ella, en las últimas décadas, distintas sociedades del hemisferio han consolidado sistemas democráticos cada vez más asentados y robustos, gracias a la activa participación de sus ciudadanos y ciudadanas en asuntos de interés público”.
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