El momento en que Santos y Timochenko estrechan sus manos. Foto: El Colombiano
La Paz, 24 de noviembre (ANF).- El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y el jefe de las Fuerzas Armadas y Revolucionarias de Colombia (FARC), Rodrigo Londoño, alias "Timochenko", firmaron este jueves un nuevo acuerdo de paz en Bogotá.
Santos anunció que, de esta manera, las FARC dejarán de existir como grupo terrorista en abril de 2017.
El acuerdo es el segundo que se firma entre la guerrilla y el Gobierno colombiano en el lapso de dos meses. El primero fue suscrito en Cartagena en medio de una pomposa ceremonia a la que asistieron líderes de todo el mundo. Sin embargo, poco después en un referéndum se impuso el No al citado acuerdo.
Por ese motivo, las FARC y el Gobierno colombiano iniciaron una nueva negociación para introducir cambios al acuerdo original, de tal manera que sea aceptado por los líderes que promovieron el No. Sin embargo, el expresidente Álvaro Uribe indicó que el nuevo convenio mantiene "la impunidad total".
El acuerdo debe ser avalado por las cámaras legislativas, aunque se prevé que el texto pase esa instancia sin mayores problemas porque Santos tiene mayoría parlamentaria.
"Reconozco que el nuevo acuerdo es mejor que el anterior", admitió Santos, quien considera que con este documento, en el que se incluyen a todas las partes, se termina el conflicto armado en Colombia.
'Timochenko', por su parte, pidió "que la palabra sea la única arma de los colombianos".
Según un recuento del periódico El País, los principales cambios del nuevo acuerdo tienen que ver con:
- Enfoque de género: Se mantiene el objetivo de que todas las personas afectadas por el conflicto se beneficien en igualdad de condiciones durante el proceso de implementación, pero sin referencias explícitas a los colectivos gais. Además, se hace mención a la familia como unidad social.
- Participación política: Uno de los argumentos recurrentes de los promotores del No fue promover la idea de que Timochenko sería presidente de Colombia en 2018 gracias al acuerdo original. En ese texto se planteó que, con independencia de los votos conseguidos, las FARC tendrían cinco curules asegurados en el Senado y otros cinco en la Cámara de Representantes. El partido de la guerrilla, según el primer acuerdo, recibiría el 10% del presupuesto que el Estado dedica a la financiación de los partidos políticos.
El nuevo documento no especifica una cifra de financiación, se limita a plasmar que el movimiento político que forme la insurgencia recibirá anualmente y hasta julio de 2026: "Una suma equivalente al promedio que recibieron los partidos o movimientos políticos con personería jurídica para su funcionamiento en las elecciones previas a la firma del Acuerdo Final". Las FARC mantienen sus escaños garantizados durante dos períodos electorales consecutivos, aunque la oposición y parte de la sociedad colombiana rechace que líderes guerrilleros con delitos de lesa humanidad accedan a las instituciones.
- Bloque de constitucionalidad: El nuevo pacto plantea incorporar un artículo transitorio para que instituciones y autoridades estatales "cumplan de buena fe con lo establecido en el Acuerdo Final". Este apartado, con vigencia desde su entrada en vigor hasta pasado tres legislaturas presidenciales, asegura que futuros mandatarios no pueden modificar lo negociado.
- Restricción de la libertad o cárcel: Pese a que en un primer momento el uribismo reclamara prisión para determinados guerrilleros, en la propuesta que entregó al Gobierno de Santos cambió la cárcel por la reclusión en granjas agrícolas. Finalmente, el texto pactado establece que el Tribunal para la Paz debe fijar espacios concretos en donde deben estar los sancionados durante la ejecución de la pena (que nunca serán más grandes que una Zona Veredal Transitoria de Normalización), los horarios en los que deben cumplir las sanciones restaurativas y el sitio de residencia durante la ejecución de la sanción.
- La Jurisdicción Especial para la Paz: Los opositores han conseguido que los magistrados que conformen el Tribunal para la Paz sean colombianos y se acepta la asesoría de juristas extranjeros. Esta institución tendrá un recorrido de 10 años, prorrogable cinco más. Solo durante los dos primeros podrá recibir solicitudes de investigación, un período que podrá extenderse un año más.
- El narcotráfico: El nuevo acuerdo establece que se delimitará caso a caso si el delito de narcotráfico se considera conexo al de rebelión y, por tanto, amnistiarle o será sancionado. "Las conductas dirigidas a facilitar, apoyar o financiar el conflicto" serán perdonas, es decir, todas aquellas que, según los jueces, no hayan derivado en "enriquecimiento personal de los rebeldes ni sean consideradas crimen de lesa humanidad, grave crimen de guerra o genocidio".
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