Cristina Kirchner . Foto: La Nación
La Paz, 29 de diciembre (ANF).- La justicia argentina determinó reabrir la investigación por encubrimiento de los iraníes imputados por el atentado a la AMIA, que involucra a la expresidenta de ese país, Cristina Kirchner. La investigación fue iniciada por el fiscal Alberto Nisman quien apareció muerto en 2015.
La Cámara integrada por la jueza Ana María Figueroa, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, decidió por unanimidad votar a favor de la reapertura del caso, que estuvo cerrado durante casi dos años.
Además de Kirchner, entre los acusados también se encuentran los dirigentes Luis D’Elía y Fernando Esteche, el diputado nacional Andrés Larroque y el excanciller Héctor Timerman
El 18 de enero de 2015, el fiscal Nisman apareció muerto en su departamento con un tiro en la cabeza, cuatro días después de denunciar a la entonces Presidenta, por encubrimiento a Irán en la masacre de la AMIA.
Nisman denunció la existencia de un plan delictivo destinado a dotar de impunidad a los imputados de nacionalidad iraní, acusados por el atentado de 1994, para que eludan la investigación a cambio de acuerdos comerciales con ese país.
Pero además de la reapertura del caso AMIA, ahora Kirchner fue acusada por el juez Julián Ercolini por la presunta formación de una “asociación ilícita” destinada a desviar contratos de obra pública hacia “Austral Construcciones”, una empresa de propiedad de un empresario vinculado al kirchnerismo.
Según la información de la fiscalía argentina, entre 2003 y 2015 se montó en la Casa Rosada un plan para favorecer a “Austral Construcciones”, beneficiada con contratos viales por $us 3.300 millones. Según una auditoría realizada en los últimos meses, se pagaron $us 1.000 millones de sobreprecios.
El fallo determinó un embargo de $us 666 millones, suma que corresponde a la cantidad de fondos investigados, y por la gravedad del hecho el juez podría prohibir la salida del país a Kirchner y hasta dictar prisión preventiva.
Por su parte, la expresidenta mediante su cuenta de tuiter, dijo que la “asociación ilícita (delito por el que se la acusa) fue la figura penal creada por gobiernos de facto utilizada por todas las dictaduras para perseguir dirigentes opositores”.
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