El frontis del Banco Santa Cruz localizada en la ciudad de Rio Gallegos. Foto: OPI Santa Cruz
La Paz, 7 de julio (ANF).- El juez argentino Claudio Bonadio ordenó la “inhibición” (congelamiento) general de los bienes de la expresidenta argentina Cristina Fernández, incluidas lo que implica que no los podrá vender, alquilar o traspasarlos, La decisión incluye a las acciones que la exmandataria tiene en diversas empresas y sus cuentas bancarias.
La decisión del juez busca evitar que Fernández, que es acusada de diversos hechos de corrupción, intente reducir su patrimonio de manera irregular.
El juez había ordenado primero el embargo de los bienes, pero la expresidenta lo recusó, por lo que decidió entonces la “inhibición” de sus bienes.
Por otra parte, efectivos de la Gendarmería argentina se dieron cita este jueves en la sede central del Banco Santa Cruz en la ciudad de Río Gallegos para buscar información acerca de los movimientos bancarios efectuados en esta entidad por Cristina y sus hijos Máximo y Florencia Kirchner.
Como parte del operativo se efectuó la intervención de 10 cajas de seguridad supuestamente vinculadas a la exjefa del Estado argentino, según la información ofrecida por El Clarín. Junto a los efectivos se encontraban el gerente de la institución financiera así como la abogada del banco, ambos para facilitar la información.
Ya el miércoles, el juez Julián Ercolini –a petición del Fiscal General Gerardo Pollicita que investiga el caso “Hotesur”, empresa de hoteles de propiedad de Cristina y sus hijos implicada en supuesto lavado de dinero y defraudación fiscal– solicitó al Banco Santa Cruz una información detallada sobre las cuentas de los Kirchner.
Ello ocurrió tras la denuncia planteada por la diputada Margarita Stolbizer que informó de “extraños movimientos” bancarios realizados por Cristina y sus hijos durante las investigaciones.
Según la denuncia de Stolbizer, la expresidenta y su familia destinaron parte del dinero que es investigado en los casos “Hotesur” y “Los Sauces” –otra empresa anónima de los Kirchner que administra departamentos, casas y terrenos en Río Gallegos, El Calafate y Puerto Madero–, para esconder más recursos de dudosa procedencia mientras la justicia argentina debatía sobre qué juez tendría la competencia para desarrollar las pesquisas en esos casos.
Asimismo, la diputada dijo que los Kirchner habrían procedido a realizar dudosos movimientos económicos en sus cuentas bancarias y uso de cajas de seguridad en su intención de esconder sumas millonarias de dólares americanos.
Fernández negó las acusaciones y denunció que éstas evidencian la existencia de “persecución” por parte del Poder Judicial. La exmandataria emitió una denuncia contra Stolbizer por “tráfico de información”, ya que ésta habría tenido acceso a datos clasificados del caso “Los Sauces”.
La detención en junio de José López, uno exfuncionario clave de los gobiernos de Néstor Kirchner y Fernández, mientras intentaba ingresar nueve millones de dólares en un convento, agravó la situación jurídica de la expresidenta.
López fue secretario de Obras Públicas durante los 12 años de gobiernos de Kirchner y Fernández y durante su gestión manejó millonarias partidas bajo la supervisión del entonces ministerio de Planificación, Julio de Vido, también acusado de corrupción.
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