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La Paz, 6 de septiembre (ANF).- Una investigación del Foro de Periodismo Argentino (Fopea) reveló que al menos 900 niños por día son llevados de Bolivia a Argentina, a través de La Quiaca (zona fronteriza con Villazón-Potosí) de forma irregular, es decir sin documentos ni permisos de sus padres.
La investigación señala que muchos de esos niños terminan siendo explotados tanto laboral como sexualmente.
El exDefensor del Pueblo de Potosí, Oporto Ordoñez, afirmó que los niños y adolescentes se venden ni bien cruzan la frontera.
“Una niña, un niño o un adolescente boliviano se vende ni bien cruza la frontera a 5.300 pesos argentinos, es decir, unos 7.000 pesos bolivianos”, aseguró la exautoridad, en un reportaje difundido por el diario El Tribuno.
Ante esta realidad, la Pastoral Migratoria de la Prelatura de Humahuaca de Potosí abrió un refugio en La Quiaca. La entidad indicó que “casi 900 niños pasan la frontera de Villazón a La Quiaca y viceversa, de los cuales muchas víctimas de trata se camuflan”.
El padre Manolo Pliego fue quien impulso el refugio. Por varios años se encargó del financiamiento y de dirigir el lugar. Pero el padre se fue a vivir a Cuba y Jesús Olmedo fue asignado a la prelatura de Humahuaca. Desde entonces no se trabajó mucho más.
La ONG argentina Esclavitud Cero cuenta, a partir de denuncias recibidas, que niñas bolivianas de 12 a 13 años son ofrecidas para todo servicio en la Argentina, a 2.500 dólares al año.
“Se pagan 1.250 dólares al ser entregadas y 1.250 dólares al cumplirse el año de trabajo. Las niñas trabajan sin horarios, no se les permite salir, viven en pésimas condiciones y también son abusadas sexualmente. Sin embargo, como no hay políticas activas de búsqueda, a estos menores en la Argentina no se los encuentra”, aseguró en 2013 Mercedes Assoratti, directora de la organización, durante el Congreso Antimafia realizado en la Universidad de Buenos Aires.
Datos destacados
900 menores pasan por día de forma irregular por la frontera La Quiaca-Villazón.
18.000 niños bolivianos trabajan en talleres clandestinos y campos en la Argentina.
70.000 pesos argentinos es el costo de cruzar a una persona indocumentada desde Villazón (Bolivia), pasando por La Quiaca, hasta Buenos Aires.
1.200 hombres en edad de trabajar no tienen empleo registrado, de los 20.000 habitantes de La Quiaca.
616 son los kilómetros que separan la oficina más cercana del ministerio de Seguridad de la Nación con el paso fronterizo La Quiaca-Villazón.
500 metros es la distancia entre la “Calle Jujuy”, un cruce sin controles, y el Paso Internacional Horacio Guzmán.
153 personas, solamente, fueron condenadas por trata de personas en la Argentina.
6.033 personas son buscadas actualmente en la Argentina.
La red criminal
Según la recopilación del periódico La Voz, el extitular de la Delegación Jujuy de la Dirección Nacional de Migraciones, Horacio Macedo Moresi —desde este año es juez subrogante del juzgado Federal N°1 de la misma provincia—, explica que “existen grupos delictivos compuestos por ciudadanos de ambos países que se aprovechan de la situación económica de los ciudadanos de La Quiaca, que nunca se terminó de desarrollar, y van cambiando de actividad de acuerdo a lo que convenga”.
Los expedientes judiciales demuestran que ahora hay grupos que se encargan de pasar por la frontera a ciudadanos chinos, pero en un pasado no muy lejano eran senegaleses y antes, colombianos. El paso La Quiaca-Villazón es el de mayor tráfico migratorio del Noroeste argentino.
La desaparición de Ariel
Recopilación de La Voz Córdoba
Uno de los “karaokes” más concurridos de Villazón es el Chola Disco, a pocas cuadras del límite fronterizo entre La Quiaca y Villazón. Es un lugar que no cierra: 7 días por 24 horas.
Se entra por un pasillo largo con paredes que alguna vez fueron amarillas, pero hoy ya están gastadas y con restos de humedad. En el fondo, mientras suenan las últimas cumbias bolivianas, se sirve chicha y vino tinto. Es atendido por una mujer mayor. Quienes entran suelen sentarse en una de las mesitas y quedarse largas horas. El pago se realiza al final.
Hay testigos que aseguran haber visto allí a Ariel Llampa, dos días después de su desaparición, hace cuatro años. “Yo lo sueño vivo”, cuenta Justina, su mamá, que nos recibe luego de insistir en varias oportunidades, explicándole que se trata de una investigación periodística que busca concientizar a través de la información.
Justina no para de llorar, pero demuestra fe en su instinto maternal. “Sigo viviendo en La Quiaca sólo por si algún día me toca la puerta y me dice ‘volví’. Dios es tan grande que algún día va a pasar”.
El 8 de diciembre de 2011, día de la Virgen, su hijo Ariel —quien por entonces tenía 17 años— partió junto a un grupo de amigos a la fiesta patronal de Agua Chica, un clásico quiaqueño, y nunca volvió. Al poco tiempo, pidió ayuda en su muro de Facebook: “mis amigos me traicionaron, me vendieron como a un objeto”, y le mandó un mensaje a Isaac, un compañero de clase: “Esto no va a quedar así. Me traicionaron”.
Hecha la ley, hecha la trampa. La Ley Nacional de Migraciones establece que si un extranjero ingresa irregularmente a la Argentina, el Estado tiene la facultad de sacarlo y enviarlo nuevamente al país desde el que ingresó. Pero si un abogado presenta una causa al instante, se abre un proceso administrativo obligatorio que demora unos 180 días hábiles —que se termina estirando en unos dos años, por trabas burocráticas—, en los que el Estado argentino debe hacerse cargo del costo de alojamiento y comida del migrante irregular, hasta que se decida su deportación. Es decir, vive dos años con fondos públicos.
Existen expedientes judiciales que dan cuenta de que son siempre los mismos abogados los que presentan esta acción. Se presume que existe una red armada, organizada, que repite el accionar sistemáticamente.
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