La Paz, 2 de agosto (ANF).- A sólo tres días de la inauguración de los Juegos Olímpicos de Río 2016, Amnistía Internacional constató un aumento del 103% en el índice de homicidios policiales cometidos en Río de Janeiro entre abril y junio de 2015 y de 2016.
Según el Instituto de Seguridad Pública del estado de Río de Janeiro, la Policía desplegada en la ciudad mató a 49 personas en junio, a 40 en mayo y a 35 en abril, más de una persona al día.
Desde 2009, cuando triunfó la candidatura de Río para organizar los Juegos Olímpicos, la Policía ha matado a más de 2.600 personas en la ciudad.
“Justo cuando pensábamos que los índices de brutalidad policial no podían ser más alarmantes, vemos que lo son. Brasil ya ha perdido los Juegos Olímpicos antes de empezar. El aumento de los homicidios cometidos por la Policía, aparentemente imparable, pone en serio compromiso cualquier posibilidad de un legado olímpico positivo en materia de seguridad pública”, afirmó Atila Roque, director ejecutivo de Amnistía Internacional Brasil.
“Una sombra de muerte se ha instalado sobre Río de Janeiro, pero a las autoridades sólo parece preocuparles el buen aspecto del Parque Olímpico. Se ha acabado el tiempo para las promesas y los discursos huecos. Las autoridades brasileñas deben adoptar con urgencia medidas significativas que impidan cometer nuevas violaciones de derechos humanos y permitan llevar ante la justicia a los causantes de tanto dolor”, dijo.
Amnistía Internacional ha publicado este martes también el primer informe mensual de la aplicación colaborativa CrossFire. Lanzada el 5 de julio, esta aplicación recopila la información facilitada por personas que viven en la ciudad de Río de Janeiro sobre tiroteos y violencia armada.
Sólo en julio se denunciaron 756 tiroteos con 51 víctimas mortales a través de la aplicación. Las notificaciones aparecen señaladas en un mapa colaborativo en www.fogocruzado.org.br. La aplicación lleva ya más de 35.000 descargas.
Desde el lanzamiento de la aplicación, en algunos sitios –como Complexo do Alemão y Caxias (Baixada Fluminense)– ha habido notificaciones casi a diario.
En Complexo da Maré hubo asimismo numerosos informes de violencia armada. Estas comunidades están situadas entre el aeropuerto internacional de Río de Janeiro y las sedes olímpicas.
Ya es hora de que las autoridades brasileñas tomen medidas efectivas para dejar de centrarse en operaciones con agentes fuertemente armados y en su lugar promuevan políticas de seguridad pública concebidas para proteger a todas las personas, menciona Renata Neder, asesora en derechos humanos de Amnistía Internacional.
La organización hizo un llamamiento global a los organismos organizadores de las Olimpiadas y a las autoridades brasileñas para que se adopten medidas preventivas destinadas a impedir que las fuerzas de seguridad cometan más violaciones de derechos humanos.
La semana pasada se presentaron más de 120.000 firmas procedentes de más de 15 países al Comité Organizador de Río 2016 para reclamar una política de seguridad pública que respete y proteja los derechos humanos.
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