La Paz, 19 de marzo (ANF).- Seis organizaciones nacionales e internacionales denunciaron hoy ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, los “insuficientes avances del Estado boliviano” para esclarecer los hechos de violación de derechos humanos durante gobiernos dictatoriales y pidieron la reparación a las víctimas de violencia política entre los años 1964 y 1982.
Los delegados concurrieron ante la Comisión, que depende de la Organización de Estados Americanos (OEA), para decir que en Bolivia no existe voluntad política para la desclasificación de los archivos de las Fuerzas Armadas, que sería el modo de esclarecer varios casos pendientes de desapariciones forzadas. También indicaron que tanto el Decreto Supremo 28015 como la ley 2640 adolecen de varias falencias. Por último pidieron políticas integrales para garantizar la investigación, identificación, y sanción de los violadores de los derechos humanos.
También puntualizaron detalles específicos como los casos conocidos como el de Hugo Ticona, Teoponte y Octubre Negro.
“Consideramos fundamental que el Estado avance en la creación de una comisión de la verdad, justicia y reparación que se adecúe a las siguientes características: Que sea autónoma e independiente, con autonomía financiera, descentralizada e integrada por personalidades comprometidas en la lucha por los Derechos Humanos”, advirtió la representante de las víctimas, Ruth Llanos.
Las entidades representadas en Washington eran Amnistía Internacional, la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Mártires por la Liberación Nacional de Bolivia (Asofamd), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), el Movimiento de Mujeres Libertad, la Plataforma Luchadores Sociales contra la Impunidad, por la Justicia y la Memoria del Pueblo Boliviano y la Unión de Víctimas de Violencia Política. La audiencia comenzó a las 11.30 de la mañana y duró casi una hora.
En representación del Estado boliviano estuvieron presentes Diego Pari, embajador de Bolivia ante la OEA, Virginia Velasco, Ministra de Justicia y Pablo Menacho, sub Procurador de Defensa y Representación Legal del Estado.
“Tenemos grandes avances, creemos que el Estado si esta avanzando en los casos”, indicó Pari. La Ministra Velasco mostró documentación de diferentes casos específicos, a lo que los delegados interpeladores señalaron que si Bolivia vive una etapa de refundación y cambio, no se debe dar la espalda a lo que pasó en tiempos de la dictadura.
“Tenemos que saber la verdad, dónde están los desaparecidos, porque eso nos va a permitir la verdadera construcción de una nueva nación, porque sino seguiremos en una zona gris, sin podernos reconstruir. La nueva Bolivia tiene que estar comprometida con los estándares internacionales de investigación de las dictaduras”, repuso la parte interpeladora.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), otorgó dos minutos para apelaciones de ambas partes e hizo pregunas sobre los casos específicos de Renato Ticona y sobre la desclasificación de los archivos militares. A nombre del Estado, Pablo Menacho respondió: “Hemos tenido conversaciones con el Alto Mando de las Fuerzas Armadas – queremos ver la forma de seguir avanzando – nos reunimos con ellos, pero por el cambio de gobierno tuvimos que suspender siguientes reuniones”.
Rose Marie Antoinete, que encabezó la comisión, percibió algunos de los obstáculos o deficiencias de la ley 2640, pero “espera y ve voluntad por parte del Estado boliviano de asumir la responsabilidad por corregir algunas de estas falencias mencionadas por los interpoladores.
La Ministra de JusticiaPor su parte, la ministra de Justicia, Virginia Velasco Condori, indicó que uno de los aspectos relevantes en su
trabajo
fue la creación del Consejo Interinstitucional para el Esclarecimiento de Desapariciones Forzadas (CIEDEF), que tiene como una de sus atribuciones realizar el seguimiento a las decisiones de la CIDH o de otros organismos internacionales en el que el Estado boliviano sea parte, y procesar información para recuperar los restos de personas víctimas de desaparición forzada.
“El Ministerio de Justicia, en calidad de Presidencia del CIEDEF, resalta la predisposición del Estado Plurinacional de Bolivia de continuar con la labor de esclarecimiento y reparación de los hechos acontecidos, a favor de las víctimas de violencia política”, dijo Velasco.
La autoridad sostuvo que en 2014, el Ministerio Público, en coordinación con el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), exhumaron restos de personas del mausoleo de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Mártires por la Liberación Nacional (ASOFAMD) y se convocó a familiares de personas desaparecidas en los años 1964 a 1982 para que se apersonen al IDIF a fin de tomar muestras y comparar los restos que se encuentran bajo su custodia.
Dijo que se hizo la prospección arqueológica en distintos lugares del país, desde la gestión 2011, con el fin de encontrar restos óseos de víctimas de las dictaduras; por ello, en 2013 se suscribió un acuerdo interinstitucional con la Universidad Mayor de San Andrés, a través del Instituto de Investigaciones Antropológicas y Arqueológicas (UMSA-IIAA), para desarrollar acciones conjuntas para la coordinación, organización y ejecución de investigaciones y recuperación de restos de personas desaparecidas, mediante excavaciones especializadas, análisis e identificación antropológica forense.
Por otro lado, Velasco informó que el CIEDEF solicitó a la Fiscalía General del Estado la constitución de cuatro grupos de investigación para el esclarecimiento de víctimas de desapariciones forzadas ocurridas entre el 4 de noviembre de 1964 y el 10 de octubre de 1982.
“De la misma forma, el Ministerio de Justicia remitió a la Fiscalía General del Estado el documento ‘sobre la situación de los detenidos y desaparecidos en Bolivia 1964 a 1982’, que contiene información que podría contribuir a la ubicación de restos de personas desaparecidas durante esos años para la investigación y esclarecimiento de los casos”, señaló.
Velasco informó también que en las gestiones 2012 y 2013 el Ministerio de Justicia
trabajó de manera conjunta el Anteproyecto de Ley de “Comisión de la Verdad”, que en julio de 2013 fue remitido al Ministerio de la Presidencia para su respectivo análisis y tratamiento.
Agregó que la Cámara de Senadores aprobó el Proyecto de Ley y que actualmente el documento se encuentra en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Derechos Humanos, por lo que se solicitó la conformación de una mesa técnica y la reposición del mismo.
Por otro lado, la Ministra de Justicia mencionó que la Ley Nº 2640, de 11 de marzo de 2004, estableció el procedimiento para el resarcimiento a las personas contra quienes se hubiera cometido actos de violencia política, por los hechos resarcibles de: detención y prisión arbitraria, tortura, exilio o destierro, lesiones e incapacidad calificada, muerte en el país o en el exterior por razones de violencia política, desaparición forzada y persecución por razones político sindicales.
“Se ha concluido el proceso de calificación de resarcimiento a víctimas de violencia política, conforme el procedimiento establecido en la Ley Nº 2640 y sus Decretos Supremos Reglamentarios; asimismo, se dio cumplimiento a la Ley Nº 238 de 30 de abril de 2012, de asignación de recursos y al Decreto Supremo Nº 1211 de 01 de mayo de 2012, de aprobación de listado de beneficiarios, dando como resultado el número de 1.714 resoluciones que los declaran víctimas de violencia política”, señaló.
En lo que corresponde al pago de resarcimiento, Velasco indicó que mediante Ley Nº 238 de 30 de abril de 2012, se autorizó al Tesoro General del Estado el desembolso del 20% correspondiente a 3,6 millones de dólares destinados al pago único y definitivo, del monto total del resarcimiento excepcional a víctimas de violencia política, que fueron comprometidos por el Estado boliviano.
