La Paz, 1 de enero (ANF).- Este domingo entra en vigor en China la primera ley que regula las ONG extranjeras que operan en el país asiático. La norma es controvertida porque deja a estos grupos que trabajan con la sociedad civil a merced de la policía, que sabrá de antemano sus proyectos, controlará sus cuentas y en última instancia decidirá la legalidad de sus actividades y si pueden permanecer en el país. Ante la vaguedad del texto y los cortos plazos dados para cumplirlo, estos grupos optan por mantener un perfil bajo hasta ver cómo se implementa.
Estas entidades -unas 7.000, según cálculos oficiales- deben obtener primero la aprobación de un patrocinador local, es decir, una agencia gubernamental relacionada con su área de actuación. Y después, y ahí radica la principal novedad, pedir antes de 30 días un certificado de la policía que se logra tras un proceso de evaluación. Teniendo en cuenta que el Ministerio de Seguridad Pública -del que depende la policía china- publicó la lista oficial de campos en los que se podrá operar hace apenas diez días, es imposible que alguna de estas entidades esté hoy por hoy al 100% regularizada.
“Llevamos mucho tiempo trabajando en China mano a mano con las autoridades. Hemos tratado de solicitar hace poco la aprobación del Ministerio de Seguridad Pública, pero ni siquiera ellos saben muy bien cómo proceder”, asegura un portavoz de una ONG extranjera dedicada al control y prevención de enfermedades. “Creemos que no habrá problema, pero hasta que no tengamos este certificado vamos a ir a medio gas. Nunca se sabe”, añade.
Obviamente la lista de actividades permitidas no incluye una categoría de derechos humanos como tal (grandes ONG en este ámbito como Human Rights Watch o Amnistía Internacional trabajan desde Hong Kong), pero sí hay campos que han sido objeto de escrutinio y hasta represión por parte de las autoridades como la defensa de las minorías étnicas, la igualdad de género o los servicios legales.
China defiende el texto, aprobado en abril, porque en su opinión aumenta la transparencia de un sector \"ampliamente desregularizado\". Pero desde varios grupos defensores de los derechos humanos y gobiernos extranjeros se interpreta como un paso más para ahogar la sociedad civil en el país, cuyo espacio de actuación se ha visto muy limitado desde que el presidente Xi Jinping llegó al poder. “La ley otorga a las autoridades estatales un poder prácticamente ilimitado para vigilar e interferir con los asuntos de las ONG”, aseguró en un comunicado la delegación de la Unión Europea en China.
De hecho, el texto reza que las actividades de las ONG extranjeras “deben ajustarse a las leyes chinas y no amenazarán la reunificación nacional, la seguridad ni la unidad étnica del país. Tampoco perjudicarán los intereses nacionales y sociales de China o los derechos e intereses legítimos de sus ciudadanos”. Muchos disidentes y activistas han sido condenados por la Justicia china bajo cargos de “provocar disturbios”.
China también obligará a estas entidades a detallar de dónde procede su financiación. Justo este mes, un vídeo publicado por el departamento propaganda del Ministerio de Seguridad Pública acusaba a “fuerzas extranjeras” -básicamente a Estados Unidos- de utilizar todos los métodos posibles para “derrocar” a China. Entre ellos incluía a las ONG.
“Aquellos grupos que pretenden tener cierta incidencia política en China podrían ser aún más vulnerables bajo estas disposiciones, ya que podrían ser acusados de ‘poner en peligro la seguridad nacional’ si critican al Gobierno”, asegura Patrick Poon, investigador para China de Amnistía Internacional.
“Si lo que quieren realmente las autoridades es animar a las ONG a desarrollar su trabajo en el país, ¿por qué no pueden simplemente permitir que se registren en el Ministerio de Asuntos Civiles, que es más apropiado?”, se pregunta.
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