La Paz, 30 de enero (ANF).- El presidente argentino Mauricio Macri firmó un decreto que establece cambios a la política migratoria de ese país, acortando los tiempos y procedimientos de la expulsión de extranjeros que tengan antecedentes penales. La medida podría afectar a bolivianos, que representan una de las comunidades extranjeras más numerosas en ese país.
"La necesidad de trabajar incesantemente en el perfeccionamiento del orden normativo migratorio adquiere especial importancia frente a fenómenos actuales como la globalización, la internacionalización del turismo y el crecimiento del crimen organizado internacional", explica el documento oficial.
También hace mención "una situación crítica que amerita la adopción de medidas urgentes" por lo que sostiene que se realiza cambios en la Ley de Migraciones en el aspecto relacionado a ciudadanía y "crimen organizado internacional".
La semana pasada, Bolivia protestó ante la declaración de la ministra argentina de Seguridad, Patricia Bullrich, quien dijo que migrantes peruanos, paraguayos y bolivianos agravan la situación del narcotráfico en ese país.
La determinación de Macri se basa en casos como el del peruano Marco Antonio Estrada González, acusado por narcotráfico, que luego de ocho años aún no puede ser extraditado, por lo que el jefe de Estado pidió que se estableciera la norma.
Según datos oficiales, hasta el año 2016 el 21,35% de la población carcelaria total corresponde a extranjeros y solo en los delitos vinculados al narcotráfico un 33% de las personas con detención preventiva no son argentinos.
La norma también establece que no podrán entrar a Argentina quienes tengan condena por narcotráfico, crimen organizado, trata, tráfico de órganos, terrorismo. Asimismo divide a los delitos entre comunes y tráfico de drogas, personas, armas, órganos e inversiones ilícitas.
Entre otras de las medidas, se cancela la residencia permanente, "a quien hubiese permanecido fuera del territorio nacional por un período superior a dos años o la mitad del plazo acordado, si se trata de residencia temporaria, excepto que la ausencia obedezca al ejercicio de una función pública argentina o se haya generado en razón de actividades, estudios o investigaciones que pudiesen ser de interés" .
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