La Paz, 13 de junio (ANF).- La
Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) de La Paz, liderizada por Jesús Vera, mantuvo
la noche de este martes una vigilia en inmediaciones de la alcaldía de La Paz en
demanda de la abrogación de la Ley de
Fiscalización Técnica Territorial 233. Se anunció un paro cívico para
los próximos días.
“Hemos determinado convocar a un paro cívico hasta que esta Ley 233 sea anulada (…) Vamos a tener reuniones el día de mañana (miércoles) y ahí vamos determinar el día de la medida de presión”, informó Vera en contacto con la red ATB.
El dirigente vecinal desestimó las amenazas del alcalde Luis Revilla que esta jornada anunció procesos penales contra las personas que impulsan las movilizaciones en contra de la norma y que esta jornada cumplieron un segundo día de bloqueos con el cerco del palacio consistorial en busca de ese cometido. Durante el cerco un efectivo policial y un camarógrafo fueron afectados por la explosión de petardos.
“Esta es una situación bastante interesante por parte del alcalde que lo único que hace es amenazar y amedrentar a los vecinos”, dijo.
Vera denunció que este día fue víctima de una serie de agresiones perpetradas por funcionarios del Subalcaldía de Cotahuma, pero que pese a ello “no acallarán su voz”.
“Han golpeado a mi compañera y al chofer le han roto el chaleco. Han rajado el parabrisas del coche. Querían sacarme a mí porque tenían la consigna: agitar a la gente para que puedan agredirme. Hoy queremos decirle al alcalde que no va a acallar a la dirigencia vecinal”, indicó.
Según el reporte de vecinos del Macrodistrito de Cotahuma, los vecinos de este sector siguen con los bloqueos, encendiendo fogatas y a la espera de nuevas indicaciones de su dirigencia.
El rechazo de la norma por parte de los vecinos sería porque ésta daría luz verde a la demolición de casas (la mayor parte de éstas en las laderas) que fueron construidas fuera de la norma edil. Aunque cabe señalar que la Alcaldía aprobó un reglamento que excluye de la fiscalización a construcciones con carácter social de 3 y 4 pisos.
Asimismo, observan que los subalcaldes de los macrodistritos tendrían la potestad de ingresar a una propiedad privada sin ningún tipo de orden judicial, además de indicar que la norma es retroactiva.
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