La Paz, 26 Abr. (ANF).- Los trabajadores sindicalizados de la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (AASANA), advirtieron con un paro de actividades a partir de las cero horas del martes 30 de abril en caso de no ser incluidos en la Ley General del Trabajo a través de un Decreto Supremo.
“Estamos llegando a la medida extrema el día martes de no ser atendidos por las autoridades de Gobierno, en el cual planteamos un paro total de actividades a partir de las cero horas. Suspendiendo toda servicios aeronáutico que presta AASANA como única entidad delegada por el Estado”, afirmó el Secretario de Cultura y Deporte en la Federación de Trabajadores de AASANA, Edgar Quiroga.
La inminencia de la extrema medida viene luego que la Contraloría General del Estado hubiera emitido una Resolución por la cual cataloga a los trabajadores de AASANA en el Régimen del Estatuto del Funcionario Público y aleja toda posibilidad de ser integrados en la Ley General del Trabajo.
Según explicó el dirigente laboral, el miércoles pasado venció el plazo que dieron al Gobierno para buscar una solución concertada; sin embargo, al no haber hallado respuesta de ninguna de las instancias gubernamentales determinaron asumir a partir de las cero horas del martes un paro indefinido “que seguiremos hasta las últimas consecuencias o nos caemos o respetan nuestra condición como trabajadores”.
Con ese propósito, la Federación de trabajadores de AASANA envió una Circular a sus afiliados en todo el país para que este martes suspendan sus operaciones, en el cual se puede leer “se suspenden todos los servicios aeronáuticos, no se van a atender vuelos, se para AASANA y se paran los servicios aeronáuticos”.
La Circular señala que en el caso de la aeronáutica civil “no puede operar, porque no le garantizarían las operaciones y ya hemos mandado las notas correspondientes para que los servicios aeronáuticos se suspendan a partir de las cero horas del día martes”.
Se prevé que 1500 trabajadores acatarían el paro en todo el país en rechazo a las consideraciones de la Contraloría respecto al aislamiento de los beneficios otorgados por la Ley General del Trabajo, y pretendiendo catalogarlos como servidores públicos.
Finalmente, Quiroga reiteró que en varias oportunidades intentaron reunirse con autoridades del Gobierno, sin embargo, al no ser atendidos determinaron asumir medidas de hecho.
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