26 de junio, 2017 - 14:32
Noemí Villegas, durante la rendición de cuentas inicial 2017. Foto: ANF
La Paz, 26 de junio (ANF).- A más de dos meses de la disolución del contrato entre la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) y la empresa española Corsán Corviam, para la construcción de la vía Ixiamas-San Buenaventura, por abandono de la obra, la entidad estatal informó que todavía no hay fecha para la nueva licitación que garantice la continuidad de la carretera.
“Estamos cumpliendo con las condiciones del Banco Mundial, no tenemos una fecha establecida (para la nueva licitación), sí lo hemos pedido y exigido, tanto nosotros exigimos al Bando Mundial la celeridad de los trámites, hay que hacer conciliación de montos, obras físicas, hay que contar hasta el último clavo que se tenga en obra y que no se tenga para lanzar la licitación”, señaló la presidenta de la ABC, Noemí Villegas.
Tras presentar su rendición de cuentas inicial gestión 2017, Villegas señaló que como ABC concluyó con el trabajo técnico para reencaminar la obra abandonada “y ahora estamos enviando los documentos para la no objeción del Banco Mundial y el mismo nos habilite la próxima licitación”.
La ejecutiva de la ABC señaló que hasta la fecha se disolvió el contrato con Corsán Corviam del Grupo Isolux Corsán y se ejecutaron todas las boletas de garantías, tanto de cumplimiento de contratos como de anticipos.
“Los recursos están en las arcas del Estado y estamos haciendo los trámites correspondientes con el financiador que es el Banco Mundial (…). Al tratarse de este organismo debemos cumplir con las normativas de contrataciones, es cuestión de tiempo volver a lanzar la licitación para volver a iniciar la ejecución de la obra”, manifestó.
El senador de oposición, Yerko Núñez (UD), denunció que a pesar de sus peticiones de informe escrito (PIE), enviadas a los ministros de Obras Públicas, Milton Claros, y de Energía, Rafael Alarcón, no recibió respuestas.
Núñez recordó que Corsán Corviam contrató en el país a la consultora boliviana Torrez Bejarano & Asociados, la que estipuló en un contrato privado el cobro del 3,5% por la adjudicación de la hidroeléctrica de Miguillas. Tras las denuncias, el consorcio de abogados cerró sus oficinas y no se conoce de su paradero.
El legislador dijo que la empresa española no solo debe responder por las obras abandonadas como son la hidroeléctrica de Miguillas, con un avance de sólo el 7% y la carretera San Buenaventura-Ixiamas con el 30%, sino también otras dos vías carreteras más que a pesar de haber sido inauguradas “se están cayendo a pedazos” como son el tramo Yucumo- Quiquibey y el segundo tramo de la doble vía La Paz-Oruro.
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