Sucre, 11 oct (ANF).- Organizaciones sociales afines al Gobernador de Chuquisaca, Esteban Urquizu, salieron este jueves en defensa del suspendido director en la Fábrica Nacional de Cemento FANCESA, Luis Iriarte, argumentando que la próxima licitación de agencias anunciada por el directorio de la empresa estaba viciada por aparentes irregularidades.
El Gobernador Esteban Urquizu respondió a la suspensión de Iriarte señalando que convocaría a “organizaciones sociales” para definir las políticas gerenciales de la factoría, confirmando la fuerte división política que se produjo en el directorio a raíz de esa determinación.
La Gobernación obtuvo inclusive el respaldo del Comité Cívico de Chuquisaca, que hasta ahora no se había pronunciado sobre el tema, al afirmar su presidente, Milton Barón, que FANCESA debía dejar sin efecto la licitación de agencias y pensar en un sistema de comercialización directa.
Además, Barón pidió este jueves al directorio de FANCESA dejar de lado sus “diferencias personales” y “trabajar por el bien de la empresa”, pues sostuvo que inclusive se hacía necesaria la intervención de la justicia para esclarecer las denuncias de supuestos malos manejos, aunque matizó indicando que tampoco se debe “dejar de fiscalizar”.
Los campesinos, a través de su principal ejecutivo departamental, Leonardo Maturano, sostuvieron que la licitación de agencias a particulares se prestaba a “negociados”, pues advirtió que se habrían detectado “cobros” para beneficiar a algunos proponentes, por lo que anunció un “estado de emergencia”.
Por su lado, el presidente de FANCESA, Eduardo Rivero, quien representa a la Universidad San Francisco Xavier, dijo que el proceso que llevó a la suspensión de Iriarte se realizó cumpliendo los pasos señalados en los estatutos y en las normas legales vigentes. Además, sostuvo que la licitación de agencias, iniciada en un anterior directorio, estaba enmarcada en la legalidad y que no sería interrumpida.
El directorio de FANCESA, dominado por la Alcaldía de Sucre y la Universidad, ordenó un informe de auditoría que estableció que Iriarte habría incumplido resoluciones al suscribir la compra de un terreno en la localidad cruceña de Warnes destinado a la firma Concretec, subsidiaria de la cementera.
Iriarte rechazó ese informe afirmando que no se le había dado la oportunidad de presentar sus descargos, y que, por tanto, se habría violentado su derecho a la defensa.
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