La Paz, 8 de junio (ANF).- En el informe de 50 hojas del jefe de la Unidad de Transparencia del Ministerio de Hidrocarburos, Edmundo Novillo, sobre el supuesto proceso irregular de contratación de la italiana Drillmec para la provisión de tres taladros a YPFB, que dio origen a una imputación formal por parte de la Fiscalía en contra de seis funcionarios suspendidos de la estatal petrolera, pero no fue incluida la gerente Legal Corporativa, Cynthia Marcela Novillo Salinas, aprehendida en las últimas horas.
El documento que cita observaciones de tipo legal, administrativo y técnico, al referirse al capítulo jurídico, apunta a los asesores legales asignados al Comité de Licitación, Julio Kjari Nina, Gizel Siles Roca y Mauricio Bustos Martín, de “actuar de oficio” en la enmienda número tres al Documento Base de Contrataciones (DBC) que habría originado una serie de irregularidades en el proceso de contratación.
Sin embargo, los tres abogados –ahora detenidos- apuntaron a Novillo Salinas de haberles dado órdenes expresas de cumplimiento vía correo corporativo para realizar la enmienda en cuestión.
La Gerente Legal Corporativa no fue mencionada en el informe del Jefe de Transparencia como co-responsable de la enmienda, ni de haber dado órdenes al respecto. El documento de Hidrocarburos derivó en investigación formal por parte de la Fiscalía y la Contraloría General del Estado, ésta última que aún no se pronuncia sobre los hallazgos de su trabajo.
El informe indica que la enmienda No 3, referente al poder, permitió a la empresa Drillmec SPA (Drillmec Inc, Drillmec Inc. Drilling Technologies, Drillmec Drilling Technologies), mostrar un poder sin ninguna validez legal para presentar propuestas y firmar contratos contraviniendo de esta manera las exigencias del Código Civil y la Ley del Notariado para la representación por mandato, en cuanto al Poder Especial y Expreso que exige un proceso de contratación como lo examinado.
“Extrañamente e inexplicablemente los abogados miembros del Comité de Licitación acudiendo a sus facultades contempladas en el punto 16 del Documento Base de Contrataciones, de oficio modificaron el DBC generando una enmienda que pone en riesgo los intereses de YPFB, transgrediendo las disposiciones legales del Código Civil y la Ley del Notariado expuestas anteriormente”, señala.
Según el Jefe de Transparencia, los tres abogados ahora detenidos también pretendieron justificar la enmienda, que elimina deliberadamente las facultades de presentación de propuestas y la suscripción de contratos.
“Lo llamativo y más sorprende aún es que este documento privado que lleva el título de Poder Especial, sin tener las formalidades legales como ser los requisitos de estar notariado y ser emitido en el idioma del país de origen”, cita el informe.
El informe también considera infundada la justificación de la enmienda mediante la cual se eliminan las facultades de presentación de propuestas y suscribir documentos contractuales del poder del representante legal, exigidas inicialmente en el DBC.
En un análisis más detallado del alcance de la enmienda, el informe de Novillo Aguilar señala que el DBC, en lo que corresponde a los documentos legales que deben presentarse para competir en la licitación, se simplificó a la fotocopia simple del documento de representación legal con facultades para presentar propuestas y suscribir documentos contractuales, refrendado por las autoridades del país de origen.
“Si bien el numeral 16 del DBC faculta la posibilidad de realizar las enmiendas por iniciativa propia o como resultado de la reunión de aclaración, empero de ninguna forme les está permitiendo transgredir la legislación boliviana”, cita el documento.
De la revisión de la documentación del proceso de contratación, el Jefe de Transparencia menciona que se “encontró sorpresivamente un documento que llama la atención de sobremanera, porque se habría complementado después de la fecha de la adjudicación y un día antes de la firma del contrato por 148,8 millones de dólares”. El documento al que hace referencia es a la ratificación de poder.
En el extenso informe también se menciona la existencia de documentos defectuosos y con varios tipos de logos diferentes que darían lugar, junto a las demás observaciones, a la nulidad del contrato.
El presidente de YPFB, Guillermo Achá, informó que el directorio de la estatal petrolera determinó en el transcurso de la denuncia pública la recisión del contrato con Drillmec y anunció su defensa legal si la compañía italiana lleva el caso a tribunales internacionales. Sin embargo descartó daño económico para el Estado al no haberse desembolsado recursos.
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