La Paz, 22 Abr. (ANF).- El Gobierno sostiene negociaciones con la empresa Rurelec para bajar el monto del laudo que determinó la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya por la nacionalización de la Empresa Guaracachi SA (EGSA) y si no se alcanza un acuerdo se impugnaría el fallo, explicó el Procurador General del Estado (PGE), Héctor Arce Zaconeta.
“Nosotros estamos tratando, a través de la vía de la negociación, que se reconozcan obligaciones que tiene la empresa (Rurelec) para bajar cuantitativamente ese monto, caso contrario usaremos los mecanismos (…). Si no (se logra un acuerdo) hay mecanismos y procedimientos que permiten la impugnación de esta situación, es un hecho que está en un marco de negociaciones”, afirmó.
El 31 de enero, la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya notificó al Estado boliviano con un laudo arbitral que dispone el pago de $us 28.927.583, más intereses desde mayo de 2010, a Rurelec por la nacionalización del 50.001% de sus acciones en la Empresa Guaracachi.
El ex procurador General del Estado, Hugo Montero, indicó el 5 de febrero que el Estado tiene plazo de 90 días para asumir una posición respecto al fallo emitido por la Haya y el plazo corre desde el momento en que fue notificado con el fallo, que fue el 31 de enero.
“Si es que la empresa está dispuesta a reconocer todavía algunas obligaciones que tiene pendiente para bajar el monto del laudo (arbitral), si es que esa situación se diera por supuesto, se puede abrir un proceso de diálogo para el cumplimiento de este laudo”, insistió Arce.
Según Rurelec, el Estado boliviano debería pagarle $us 35,5 millones por indemnización, más $us 5,5 millones por los dividendos que no recibió antes de la nacionalización de EGSA, sumadas las dos cifras el monto asciende a $us 41 millones.
Las declaraciones hechas por la autoridad fueron realizadas después de haber firmado un convenio de cooperación interinstitucional con la ministra de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, Nardi Suxo, con el objetivo de realizar acciones conjuntas para precautelar y sancionar actos de corrupción, en resguardo y defensa del patrimonio del Estado.
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