La Paz, 28 jun (ANF).- La construcción de la planta separadora de líquidos Gran Chaco no necesita consulta previa, pues la licencia ambiental, que ya tiene, clasifica el proyecto en categoría II, aseguran los informes del Ministerio de Hidrocarburos y de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
“No necesita” un proceso de consulta y participación como demanda la Asamblea del Pueblo Guaraní Yaku Igua. Y esto porque se ubica “en un predio privado y no contempla grandes impactos socioambientales”, subraya el gerente Nacional de Seguridad de YPFB, Miguel Rojas.
Las aseveraciones gubernamentales son en respuesta al “bloqueo que se está llevando adelante por un grupo de indígenas” en la región, perjudicando a Yacuiba, porque se demora la contratación de mano de obra zonal.
La licencia ambiental fue emitida por el Viceministerio de Medio Ambiente, detalla el informe del Ministerio de Hidrocarburos. Con una inversión de 603,88 millones de dólares, el complejo deberá estar operando ya en mayo del 2014, de acuerdo con el cronograma gubernamental.
PROPIEDAD PRIVADA
El terreno donde se instalará la planta pertenece a “la propiedad privada La Esperanza”, y está “debidamente titulado”, de acuerdo con la Resolución Suprema 5478, asegura el informe del Ministerio de Hidrocarburos.
Para construir la planta Gran Chaco “YPFB adquirió un área privada” y, además, “cuenta con vecinos privados. En ningún caso estos predios están sobrepuestos a un territorio indígena originario (TCO)” y por lo mismo “no se han vulnerado los derechos de nadie”, remarca Rojas, en declaraciones que divulga la petrolera.
YPFB afirma que la consulta y participación sólo “es procedente cuando se halla en un territorio indígena originario campesino (TCO) y, además, es catalogado por la Autoridad Ambiental Competente en la Categoría I de impacto ambiental”.
El gobierno descalifica la exigencia de la APG Yaku Igua, asegurando que desde abril se reunió con los representantes de este pueblo guaraní “para explicar el proceso de licenciamiento y el por qué tuvo la categoría II”, asegura el Ministerio de Hidrocarburos, agregando que el lunes pasado, ellos rechazaron el plan de inversiones sociales.
La construcción de la planta Gran Chaco está a cargo de la española Técnicas Reunidas, por un costo de 498,65 millones de dólares, el suministro de cuatro turbocompresores y tres turbogeneradores estará a cargo de Siemens Energy INC por 93,4 millones. En tanto que la fiscalización, que estará a cargo de Tecna Bolivia, cuesta 11,83 millones. //JTI//
