La Paz, 6 de junio (ANF).- Los operadores mineros pierden hasta 77% del valor del mineral al pagar a las fundidoras que extraen el metal. Estas fundidoras son empresas que tienen sus plantas fuera del país y además recuperan otros metales valiosos, así el país percibe apenas 230 por un mineral que vale 1.000, señala la Fundación Jubileo en su Revista Jubileo 35.
Convertir los minerales en metales, en territorio boliviano, generaría mayores fuentes de empleo, más ingresos fiscales, más beneficios para las comunidades aledañas y para el país en su conjunto. Para avanzar hacia la industrialización es necesario salir del eslabón básico de la obtención de minerales, sostiene la institución.
Tiempo atrás, rememora, el Estado había asumido la responsabilidad de ser la instancia que sustituya a las empresas extranjeras e instaló varias fundiciones contra intereses externos para recuperar el valor de sus minerales, pero “la política implementada desde el año 1985 frenó esas intenciones”.
“De fundir más de 80% de los minerales se volvió al tiempo en que no se fundía más de 20%”, subraya.
El Estado, agrega, ha intentado procesar sus minerales en el país, “pero ha enfrentado obstáculos como en el caso del zinc”.
“Actualmente, las grandes empresas extranjeras que operan en el país sólo exportan concentrados y aprovechan estos recursos naturales para alimentar las fundiciones foráneas”.
El cobre es uno de los metales en los cuales la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) “ha puesto sus ojos de futuro por la riqueza de los yacimientos bolivianos y por lo relativamente fácil que es llegar al estado metálico”.
Dependencia de la minería
El Gobierno necesita de la minería porque, en el caso del subsector cooperativo, genera empleo y, con las empresas, liquidez, sostiene Jubileo. “Esto refleja las dificultades para llevar a cabo una planificación ordenada de desarrollo nacional, porque lo urgente se come a lo estratégico”.
Los recursos minerales aportan al Producto Interno Bruto nacional (PIB) y su contribución también es importante en las exportaciones. En los últimos años, más de 2.000 millones de dólares anuales han ingresado al país por la venta de los concentrados de mineral. Este monto es necesario para el movimiento de la economía local. La renta minera asciende a 300 millones de dólares anuales, aproximadamente. “Este dinero permite financiar el funcionamiento del aparato estatal y de algunas inversiones”, apunta.
En cuanto al empleo, Bolivia ha demostrado muchas limitaciones para generarlo en la cantidad que requiere el crecimiento de la población económicamente activa. Por esto, “las cooperativas mineras se han convertido en la salida, casi natural, de los desempleados o subempleados”.
Se estima que unas 200.000 personas trabajan en las cooperativas, aunque esto no representa más de 3% de la población económicamente activa; no obstante, es significativo en el ámbito local aledaño a las operaciones mineras.
Permanentemente, las comunidades han intercambiado sus productos agropecuarios con artículos de consumo de los mineros, generando un proceso de mutua satisfacción, pero este intercambio no se ha limitado a bienes. “En muchos casos, los campesinos han dejado sus labores agrícolas para convertirse en mineros, promoviendo un cambio de actividad económica, pero con consecuencias para el sector agropecuario”, señala Jubileo.
El cierre de operaciones de las minas, a fines del siglo pasado, provocó la desestabilización de las comunidades aledañas, al punto que éstas extrañaron a los mineros y sus actividades, particularmente cuando se trataba de empresas.
La minería que se necesita
Jubileo sostiene que se debe planificar esta actividad y decidir qué minerales explotar, dónde hacerlo y en qué volumen. Los minerales que se extraigan de las reservas deberían ser aquellos que puedan ser exportados como metales, recuperando todos sus componentes valiosos y, de ser posible, aquellos que se puedan convertir en bienes de consumo.
Pero también debe considerarse la calidad del yacimiento y descartar su explotación donde la operación sea muy cara o muy dañina para el medio ambiente, o si se requieren importar muchos insumos para la actividad.
También deben tomarse en cuenta los suministros de agua, gas, energía eléctrica, aportes al desarrollo local y otros elementos indispensables para la operación.
La dimensión de una operación minera depende de varios factores y, sobre todo, de la magnitud del yacimiento y de la disponibilidad de capital, refiere.
¿Quién debería decidir todos estos puntos? La instancia del Estado que tome la decisión con visión integral y estratégica debería ser el Ministerio de Planificación del Desarrollo.
“Mientras más se aleja la industria de metales de la minería, los beneficios son mayores: más empleos sostenibles, mayores utilidades, mayores mercados, mejores condiciones de negociación y menor dependencia de las cotizaciones internacionales de los metales”.
Cuando hay precios altos, agrega, es aceptable una explotación masiva y una exportación en grandes cantidades; pero “cuando bajan los precios, lo que corresponde es frenar los volúmenes y trabajar en la organización y planificación”.
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