Tareas de sísmica. Foto: Reporte energía
La Paz, 22 octubre (ANF).- El Gobierno a través del ministro de Medio Ambiente y Agua, Carlos Ortuño informó que como parte de la implementación de un plan estratégico de desburocratización de la licencia ambiental, se apuntará a la simplificación de trámites. Sin embargo negó una intención de “flexibilizar” la calidad de la consulta pública, libre e informada a los pueblos indígenas.
“Es parte de la implementación de un plan estratégico de desburocratización de los procesos y trámites en el Estado que implica varias medidas que tienen que ver con la simplificación de trámites sin que tenga que ver con la flexibilización de la norma, de la sustancia misma”, dijo a ANF el referencia a la licencia ambiental.
Ortuño señaló que para cualquier proyecto de infraestructura o relacionada a la minería o hidrocarburos se requiere de la licencia ambiental.
“¿Cómo se llega a esa licencia ambiental? a través de procesos muy largos y burocráticos, donde hay una ficha ambiental, una categorización, pero eso podría optimizar y mejorar y ese es uno de los mandatos que tenemos de ir desburocratizando los procesos de administrativos en los diferentes sectores”, señaló.
En el caso específico de los hidrocarburos dijo no contar con una propuesta específica para desburocratizar la licencia ambiental, ni recortar los tiempos de la consulta.
“El objeto mismo de la licencia ambiental establece las características para controlar o mitigar cualquier impacto que se pueda tener (…) pero ahora los procedimientos, las garantías legales y constitucionales que se establecen como la consulta a pueblos indígenas son parte inherente a la normativa legal y deben reincorporarse en cualquier procedimiento que se vaya a establecer”, señaló.
El ministro de Hidrocarburos, Luis Sánchez anunció en agosto la subasta internacional de 100 áreas de exploración sísmica, pero también observó los tiempos que duran las consultas a los pueblos indígenas.
“La licencia ambiental nos llevaba 390 días; hoy somos mucho más ágiles y toma 195 días, tenemos ese reto, queremos llegar a 90 días (…). En ningún país de la región tienen esos tiempos, ese es uno de los desincentivos (para las petroleras) porque hay una ralentización por el tema socioambiental”, dijo entonces Sánchez.
La Central de Comunidades Indígenas Tacanas II denunció que la estatal petrolera YPFB y el Servicio Nacional de Áreas Protegida (Sernap) ingresaron a su territorio con engaños, pues prometieron programas de Mi Agua, pero terminaron realizando la consulta para ejecutar tareas de exploración hidrocarburífera.
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