La Paz, 30 dic (ANF).- La nacionalización de cuatro empresas de IberBolivia, filial de la española Iberdrola, provoca la reacción del gobierno de Mariano Rajoy, que pide a la administración de Evo Morales “franqueza” en la relación bilateral.
Al manifestar que "España lamenta la decisión del gobierno boliviano de nacionalizar estas cuatro empresas”, el comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores remarca que “la seguridad jurídica es una exigencia insoslayable de cualquier inversión extranjera en Bolivia”.
Así se pronuncia el gobierno español en el comunicado oficial que fue divulgado por medios españoles. Esta es una de las reacciones en contra de la estatización de cuatro empresas privadas desde su creación.
El sábado por decreto supremo 1448, el gobierno dictó la nacionalización de las empresas distribuidoras de energía eléctrica en La Paz y Oruro, Electropaz y Elfeo, respectivamente, además de la Empresa de Servicios (EDESER) y la Compañía de Administración de Empresas (CADEP).
“Las relaciones de cooperación y entendimiento entre los dos países exigen información, colaboración y franqueza por ambas partes en el manejo de éste o cualquier otro asunto de interés común”, asegura el comunicado de la Cancillería española.
En menos de ocho meses, el gobierno boliviano nacionaliza cinco empresas de propiedad de firmas españolas. La primera fue la Transportadora de Electricidad (TDE) de Red Eléctrica Española, ocurrió el uno de mayo y hasta ahora aún no se sabe cuánto será el “pago justo”, y el 29 de diciembre se suman las cuatro de IberBolivia, en la que el Grupo Iberdrola tiene una participación mayoritaria, de poco más de 63 por ciento.
INDEMNIZACIÓN
En vigencia la determinación de la administración Morales "el gobierno de España espera que el proceso de evaluación del valor de la empresa nacionalizada se realice con criterios exigentes de objetividad”.
Informes publicados por varios medios españoles y agencias internacionales indican que el valor de las inversiones de Iberdrola estaría alrededor de 100 millones de dólares. Pero el monto será establecido por una consultora especializada, reiteró este domingo el ministro de Hidrocarburos, Juan José Sosa, ratificando el mandato del decreto.
El gobierno español señala que la valoración debe permitir “establecer la justa indemnización a la que los accionistas tienen derecho sin dilaciones innecesarias, tal y como han reclamado”. El decreto supremo 1448 fija un plazo de “180 días hábiles”, indicó Sosa, también este domingo. //JTI//
