La Paz, 30 jul (ANF).- La contratación de Jindal Steel and Power para explotar la mitad del cerro Mutún fue más por “cálculo político” que por razones técnicas, asegura Carlos Arze, economista del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA).
En ese marco, “el fracaso de la industrialización del hierro” de esa zona “revela no sólo la ineficiente gestión gubernamental, sino la demagogia del discurso oficial que proclama la industrialización en base a la asociación con las transnacionales”, subraya el analista.
Para Arze el contrato con la india “fue resultado de un cálculo puramente político: la necesidad de debilitar la oposición de los grupos de poder de Santa Cruz en 2006, ofreciendo la promesa de un futuro industrial, necesidad política que con el tiempo se fue haciendo mayor ante la ausencia de resultados en la industrialización que pudiesen mostrarse al pueblo”.
Con esta base de un contrato que debía traer 2.100 millones de dólares para invertir en el yacimiento de hierro, el “gobierno se tornó cada vez más obsecuente con la Jindal, ofreciéndole el oro y el moro para que se quede en el país, consciente de que era incapaz de cumplir con la principal condición para alcanzar la siderurgia: la provisión suficiente de gas natural”.
Mientras la siderúrgica india pedía 10 millones de metros cúbicos por día (MCD) de gas natural, el gobierno ofrecía empezar con 2,5 millones MCD, pues, la capacidad de producción no daba para más. Claro con la promesa de aumentar el volumen paulatinamente. Así lo hicieron saber después de meses de idas y venidas, de asegurar permanentemente que el energético estaba garantizado.
“Es la confirmación de la imposibilidad del desarrollo y la coexistencia armónica de los intereses de las transnacionales con los del pueblo boliviano, como sueñan los teóricos del “socialismo comunitario” y el “vivir bien”, subraya el analista.
“Los resultados de la industrialización, empero, hasta hoy son como un paño frío para tanto entusiasmo y corroboran la crítica de que la industrialización no ha sido ni es una preocupación gubernamental, debido a su sometimiento a los intereses de las empresas transnacionales, consideradas sus “socias” y protagonistas centrales de la “economía plural”, agrega.
La estatal Empresa Siderúrgica Mutún (ESM) firmó el contrato de riesgo compartido con Jindal Steel Bolivia (JSB) en el 2007, con plazos perentorios en el marco de ese documento, que, además, establece que ningún acuerdo fuera del documento sería válido, lo que continuamente fue violado por ambos socios.
Al respecto Arze recuerda que “aunque el contrato establecía que en siete años —es decir alrededor de 2014— se estaría produciendo acero, el inicio de la producción de materia prima —mineral de hierro— recién se verificó en 2010 debido a una seguidilla inacabable de problemas como la falta de provisión de tierras saneadas”.
Todo esto ocurrió “en medio de las infaltables denuncias de corrupción de funcionarios gubernamentales— o el incumplimiento de Jindal en la entrega de planes en detalle que debió presentarlos a los 90 días de la protocolización del contrato”, agrega el analista del CEDLA.
“Pero el hecho que llevó de las desavenencias a la ruptura fue el anuncio de YPFB de que no podría proveer el volumen de gas natural demandado por Jindal (que inexplicablemente bajaba de los 6 millones de metros cúbicos diarios a sólo 4 millones sin afectar las metas de producción) sino sólo 2,5 millones —sumando inclusive volúmenes de GLP (gas licuado de petróleo), ni construir un gasoducto por falta de recursos”.
MÁS APOYO
A pesar de que Jindal era “acusada constantemente de incumplir las inversiones” en el proyecto Mutún, se asoció a Carlos Kinn en la boliviana Gas To Liquid International SA (GTLI), con la anuencia del gobierno, pues, la sociedad anunció con bombos y platillos “el descubrimiento de gas y petróleo en el campo Palmar”, eso ocurría en el 2009, con la participación del presidente Evo Morales.
Pero la naturaleza dio su veredicto y en enero del 2010, anunciaban “que declinaba en su intención de producir por el escaso volumen de hidrocarburos existentes en dicho campo”, recuerda el analista asegurar que “esa fugaz experiencia le permitió después acceder a contratos de estudio, primero, y en 2011 a contratos de exploración en cuatro bloques que suman 1,25 millones de hectáreas en áreas reservadas de YPFB”.
“Así, la empresa que no puede garantizar inversiones en el Mutún ingresó, con la anuencia gubernamental, al negocio hidrocarburífero prometiendo” millones de dólares para la inversión.
“A esta altura se puede afirmar que, en realidad, el proyecto no fue producto de una decisión meditada, sino que se desenvolvió a tientas porque respondía a otro propósito”.
CUMPLIENDO SU TAREA
En cuanto al proceder de Jindal Steel & Power, desde el CEDLA, Carlos Arze señala que “actuó como lo haría cualquier transnacional: especular con la titularidad de las concesiones del segundo yacimiento más grande de hierro del continente y de las áreas de exploración hidrocarburífera, sin la intención de promover la industrialización”.
Para el analista, la Jindal “a lo sumo se dedicaría a producir y exportar mineral de hierro, posibilidad que el propio contrato había dejado abierta al permitir la exportación de concentrados en los primeros seis años previos a la producción de acero”.
“La seriedad de sus planes parece haber sido puesta en duda por sus propios ejecutivos, como lo sugirió la renuncia de un connotado profesional y las denuncias de otro gerente sobre ganancias especulativas en bolsas del exterior”, señala el informe que divulgan el CEDLA y Plataforma Energética.
Para Arze “el fracaso del proyecto revela no sólo la ineficiente gestión gubernamental, sino la demagogia del discurso oficial que proclama la industrialización en base a la asociación con las transnacionales”. //JTI//
