La Paz, 8 de noviembre (ANF).- El Defensor del Pueblo, Rolando Villena, expresó este domingo su preocupación por los casos recurrentes de muertes de personas en el ámbito militar y el incremento de las denuncias por vulneración de derechos humanos contra las Fuerzas Armadas.
“Estaría evidenciando que la cultura de la violencia y la subvaloración de la vida y la integridad en ese ámbito (militar) continúa siendo la regla y no la excepción”, manifestó Villena.
Al referirse al reciente caso sucedido en La Paz con la muerte del suboficial de la Armada Boliviana Daynor Bracamonte, Villena señaló que en los últimos 12 meses se ha conocido la muerte de 11 personas relacionadas con la entidad castrense, entre militares y conscriptos, mientras que en 2013 fueron 16 casos. Sin embargo, acotó, dos ministros de Defensa han informado, en diferentes circunstancias, de casos que no se conocieron públicamente, por lo que el número puede ser mayor.
Para el Defensor el problema no son solamente las muertes, sino que también se han identificado casos de violencia extrema e incluso torturas.
“En nuestro informe a la Asamblea Legislativa de 2014 hemos reportado casos de tratos crueles y degradantes, violaciones y abusos de personal militar contra civiles o contra personas de menor rango, la mayoría de ellos, de conocimiento público”, señaló.
Villena explicó que en casi todos los casos, la constante es la impunidad. Los familiares del suboficial Bracamonte, según indicó, denunciaron que las Fuerzas Armadas les exigían que firmen un documento en el que deslindan toda responsabilidad a la institución por el fallecimiento, incluso antes de conocerse el informe final sobre las causas de la muerte.
Sobre lo ocurrido en Apolo, donde falleció el conscripto Juan Néstor Sumio Tapia, dijo que se limitaron a señalar que la muerte y enfermedad de otros conscriptos fueron producto de problemas de higiene y en otros hechos simplemente se calificaron de suicido.
“En muchos casos las Autoridades militares terminan culpando a los fallecidos y por eso luego de las muertes, no hay responsables, ni detenidos ni sentenciados”, señaló el Defensor.
Denuncias aumentan en un 100%
Otro dato preocupante, señaló el Defensor, tiene que ver con las denuncias que recibe la Defensoría por vulneración de derechos humanos. “En 2012 tuvimos 96 denuncias, en 2013 estas subieron a 119 y en la gestión 2014 llegaron a 238, es decir un incremento del 100% en relación a la gestión anterior”, dijo.
En 2014 el Comando General del Ejército, el Comando General de la Fuerza Naval y el Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas, fueron las unidades más denunciadas, indicó.
“De hecho, no solamente por el tipo de vulneraciones, sino por la cantidad de denuncias, las Fuerzas Armadas se están convirtiendo en una de las instituciones más vulneradoras, y los conscriptos, estudiantes y miembros de menor rango de las FFAA, en una población vulnerable”, sentenció la autoridad.
El Defensor recordó que desde el 2012, la institución ha emprendido una tarea permanente para enfrentar esta situación. “Hemos pedido muchas veces reunirnos con los comandantes de las Fuerzas Armadas para analizar este tema, mandamos una carta al presidente de la Asamblea Legislativa y al anterior ministro de Defensa para que las viabilicen, pero sólo nos encontramos con una negativa inexplicable y encubridora”, lamentó.
Recordó que en octubre de 2014, la Defensoría presentó una demanda por las muertes de conscriptos en recintos militares, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuya respuesta está pendiente, y que además se interpuso un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas y se enviaron recomendaciones al Alto Mando, para elaborar una nueva Ley.
“En todos los casos la respuesta del Estado es el silencio o incluso la descalificación, mientras estudiantes, conscriptos o personal de menor rango continúan viendo sus vidas y su integridad en riesgo permanente”, dijo.
Para el Defensor el problema de fondo es la persistencia de una visión colonial y patriarcal, basada en la discriminación y la violencia, en la formación y la cultura militar en Bolivia.
“Hay un menosprecio por la vida y persiste un modelo discriminatorio, especialmente hacia las y los jóvenes conscriptos y los cadetes, lo que se muestra claramente la displicencia, el encubrimiento y la superficialidad con que se tratan los casos de muertes o de torturas denunciados, y esto se reproduce hasta el infinito porque no hay interés ni voluntad en el Estado para generar un cambio profundo en la mentalidad de los jefes, oficiales e instructores”, afirmó.
Finalmente, Villena reconoció el interés del actual ministro para enfrentar el problema y recordó que esta autoridad planteó asumir medidas para cuidar la seguridad en el transporte, exámenes de salud y la rigurosidad del ejercicio en el caso de los conscriptos.
“Lamentablemente creemos que el señor ministro se enfrenta a un sistema militar anquilosado, violento e impenetrable que difícilmente cambiará si no hay voluntad desde los Órganos Legislativo y Ejecutivo para que esto ocurra”, concluyó.
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