Cumbre ''Sembrando Bolivia'' en la encrucijada: producimos más, ¿para exportar o para consumir?

Freddy Vargas

La Paz, 21 de abril (ANF).- La Cumbre Agropecuaria “Sembrando Bolivia” inició con muchas expectativas este martes en la ciudad de Santa Cruz. El discurso oficial sugiere que el horizonte de este evento es el de garantizar la soberanía alimentaria para el país. Por otro lado, en la inauguración, el presidente Evo Morales señaló que las conclusiones del encuentro deben garantizar que hasta el año 2020, el Producto Interno Bruto (PIB) agrícola y agroindustrial se expanda a un “mínimo de 10 mil millones de dólares”. ¿Es posible articular ambas perspectivas?

La producción de los alimentos que se piensa incrementar es precisamente aquella orientada a la exportación. Estos son arroz, maíz, soya y caña de azúcar. Dicha producción está vinculada a la agroindustria y, por su puesto, forma parte de la agenda de los empresarios.

En cambio, la agenda de los sectores sociales está orientada por otro tipo de prioridades: la atención de hortalizas, cereales y granos, tubérculos, frutas, leguminosas, productos apícolas, lácteos, frutas exóticas, animales menores y carne. Es más, la propuesta de la Asociación de Organizaciones de Productores Ecológicos de Bolivia (AOPEB), que forma parte del "Pacto de Unidad", núcleo aglutinante de las principales centrales sindicales y agrarias, es diversificar la oferta ecológica, incorporando productos tales como tomates, hortalizas, frutas, lácteos, piscicultura y avicultura, reforzando al mismo tiempo la exportación de cacao, café, castaña y quinua. El dilema, en este contexto, está en si debe priorizar la producción de aquellos productos orientados fundamentalmente hacia la exportación o, en cambio, aquellos orientados al consumo interno.  Es claro que dos visiones de mundo y de desarrollo debatirán en la Cumbre.

Como demuestra el siguiente cuadro, sólo algunos de los productos de consumo interno están sobradamente satisfechos, quedando pendientes muchos otros estratégicos.



Lo que resulta de esto es que, si se quiere priorizar la seguridad alimentaria, el sector que requiere de mayores incentivos no es precisamente el de la agroindustria de exportación, sino el de la agricultura mediana y familiar, aquella que produce papas, cebollas, tomates y habas; es decir, de aquella producción que sí hace falta para el consumo interno y donde claramente hay un déficit. Esto, en buena medida, garantizaría que se cumpla con el objetivo de la seguridad alimentaria. Sería contraproducente hacer lo opuesto, potenciar a aquellos sectores que en la actualidad ya están exportando.

Al mismo tiempo, el gobierno debe enfrentar una especie de dilema político: cómo atender los requerimientos de aquellos sectores que son considerados estructurales dentro del proceso de cambio, si la agenda de la Cumbre está orientada a repotenciar el modelo agro-exportador. Pues resultaría al menos contradictorio que las propuestas del llamado "Pacto de Unidad" no sólo no sean consideradas, sino que se privilegie otras propuestas orientadas específicamente por los criterios del agronegocio de la exportación.
 
Otro de los argumentos que esgrimen los empresarios –y que es parte de su propuesta– es que para cumplir con las metas planteadas por el gobierno el tema de la seguridad jurídica debe consolidarse. Esta propuesta sugiere que la propiedad privada debe estar legalmente asegurada, es decir, tiene que contar con título ejecutoriado, esto como un requisito para que el empresario se anime a invertir recursos en el desarrollo de esa propiedad, ya que sólo en esas condiciones se podría acceder a créditos de la banca privada.

Esto, en resumen, significa que el Estado debe asegurar y legalizar las grandes propiedades cancelando o al menos flexibilizando el requisito de la Función Económica Social. En pocas palabras lo que se busca es postergar y hasta reducir el control y regulación estatal a propósito de lo que señala la propia Constitución: “La propiedad empresarial está sujeta a revisión de acuerdo con la ley, para verificar el cumplimiento de la función económica y social” (Artículo 397). Es decir, se establece que la seguridad jurídica en materia de tierra está condicionada al uso que se dé a ese recurso, correspondiendo al Estado verificar que ese uso sea productivo y, no menos importante, respetuoso con el medio ambiente, así como con los usos y costumbres de los pueblos indígenas.

En esta dirección, la conclusión es simple: al no existir propiedad absoluta de la tierra es evidente que no puede haber seguridad jurídica plena. De esta manera, la demanda de los empresarios resultaría poco viable. En esa misma línea, una cosa que se descuida es que uno de los pilares de la Agenda Patriótica establece que hasta el año 2025, al menos el 50% de la producción agropecuaria debe estar en manos del sector indígena originario campesino.

Cuando Evo Morales inauguraba la Cumbre Agropecuaria hizo un llamado para que seamos realistas en el tema de los transgénicos. A partir de ello, es razonable concluir que el espíritu de este evento estará marcado por las urgencias de un escenario de crisis: mantener el crecimiento económico  a pesar de la caída de los precios del petróleo. En esa medida, es previsible que los criterios pragmáticos terminen imponiéndose y, entre otras cosas  se pierda la oportunidad de transformar significativamente la realidad agropecuaria del país abordando el tema con una visión más integral. Ello reduce, al mismo tiempo, las posibilidades de que se avance en la meta de la seguridad alimentaria.