Fernanco Campero Paz, senador de UD por Tarija. Foto: ANF
La Paz, 19 de mayo (ANF).- En medio de serios cuestionamientos a la estatal petrolera por haber restringido al público el acceso a información sobre los envíos de gas a los mercados de Brasil y Argentina, suman las peticiones de informes escritos (PIE) por parte de algunos asambleístas de la oposición, para que el presidente de YPFB, Guillermo Achá, y el ministro de Hidrocarburos, Luis Sánchez, informen sobre las reservas hidrocaburíferas y detallen el proceso de contratación para la construcción de la Planta de Propileno y Polipropileno.
A un día de que el senador de Unidad Demócrata (UD), Óscar Ortiz, detallara el paquete de fiscalización encomendado al jefe de Unidad de Transparencia del Ministerio de Hidrocarburos, Edmundo Novillo, y planteara de manera formal las PIE para Achá y Sánchez en torno a las reservas de gas y el proceso de contratación de la que resultó adjudicada la italiana Tecnimont, el senador Fernando Campero (UD) también recordó que hace más de un mes presentó su solicitud de informe y aún no recibió ninguna respuesta.
“He pedido de manera escrita al presidente de YPFB como máxima autoridad ejecutiva, que explique la participación de la empresa Tecnimont, que ha hecho de arquero, delantero, lineman, árbitro y barra en el proceso de contratación de su propia empresa, donde ellos han preparado las acciones iniciales, después los estudios estratégicos sobre las necesidades de la petroquímica, se han estructurado los términos de referencia para la contratación de su empresa para que vaya a construir la planta petroquímica que ha sido adjudicada por la misma empresa”, señaló Campero.
El legislador tarijeño dijo que ante tanta “aberración” legal en el proceso de contratación en la que se evidencia una pugna de intereses, se genera susceptibilidades sobre la comisión de algún hecho de corrupción sobre un “elefante blanco” que le costará al país más de 2.000 millones de dólares.
La PEI planteada por el senador Campero fue presentada a la presidencia del Senado el 3 de abril, para que a través de esa vía sea derivada ante YPFB tres preguntas puntuales. El requerimiento debió ser respondido en el plazo de 15 días hábiles a partir de su recepción, sin embargo el asambleísta dijo que hasta la fecha no cuenta con la respuesta.
Las preguntas planteadas en la petición de informe pretenden precisar si YPFB contrató vía convocatoria internacional a alguna empresa especializada que certifique las reservas de gas, si se publicaron los resultados y qué procedimiento se cumplió.
En cambio, el senador Ortiz, en cuestionarios más detallados dirigidos al presidente de YPFB, le planteó 16 consultas referidas al proceso de contratación de Tecnimont para la construcción de la planta de propileno y polipropileno, mientras que al ministro del sector, Luis Sánchez, le envió nueve preguntas sobre el mismo tema.
YPFB ha sido cuestionado por el experto en asuntos energéticos, Hugo del Granado, por adjudicar a Tecnimont en sociedad con Técnicas Reunidas (TR), la primera fase de la Estrategia de Contratación (IPC), lo que implicaría por segunda vez otorgar a la italiana el rol de juez y parte.
“Esta adjudicación es irregular, Tecnimont se convierte, por segunda vez, en juez y parte. El asunto es anormal porque Tecnimont podrá escoger a los proveedores de equipos de la lista que ella misma elaboró, y será fiscalizada por una empresa cuyos términos de referencia fueron preparados por ella misma, se responderá a si misma todas las consultas técnicas y asesorará a su contraparte (YPFB) en la relación contractual con ella misma”, observa Del Granado.
El analista cuestionó que Tecnimont fue la misma empresa que se adjudicó el primer contrato para el estudio de Ingeniería Conceptual del Proyecto de la planta, pero también se hizo de la segunda fase, para revisar y validar los resultados del primer estudio, la elaboración de la Estrategia de Contratación para la fase de construcción (IPC), la adecuación de los Términos De Referencia (TDR), entre otras tareas dentro del proyecto.
“Posteriormente y dado el colapso de Odebrecht, Tecnimont cambió de socio y se presentó con la empresa española Técnicas Reunidas (TR), que construyó la planta de Gran Chaco”, dijo.
En criterio del entrevistado, YPFB debió vetar la participación de Tecnimont en la convocatoria a Comparación de Ofertas del IPC, pero en septiembre de 2016 aceptó que la empresa asociada a TR presente su propuesta pese al evidente conflicto de intereses, y el 24 de marzo hizo conocer mediante una nota que la sociedad fue adjudicada para la primera fase del IPC.
“En un escenario de relajamiento de las normas y ética funcionaria, están dadas las condiciones para que en este escenario se produzcan las irregularidades por ausencia a la investigación y castigo”, aseguró Del Granado.
Odebrecht está implicada en la mayor investigación sobre corrupción en la historia de Brasil por el caso de Petrobras, de la cual obtenía beneficios inflando los costos de los proyectos de la petrolera. El Departamento de Justicia de Estados Unidos la multó con $us2.600 millones por utilizar el sistema bancario de ese país para mover el dinero de los sobornos.
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