La Cooperativa telefónica languidece ante la escases de recursos económicos. Foto: Arch.
La Paz, 03 Jun. (ANF).- El Flujo de Caja que ingresa a la Cooperativa de Teléfonos de La Paz (COTEL S.A.), de alrededor de 20 millones de bolivianos, sólo le permitiría el funcionamiento normal las siguientes 10 semanas, luego la empresa podría entrar en “colapso”, porque tiene una de sus principales cuentas congelada por orden judicial emitida a instancias de la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT).
“La situación de la Cooperativa es un poco delicada, puesto que tenemos las cuentas congeladas, pero que sí tenemos un Flujo de Caja que nos permite seguir sobreviviendo y tenemos unas 10 semanas más que la Cooperativa puede estar con esta situación”, dijo el presidente del Directorio de COTEL, Emilio Gutiérrez.
En ese sentido, solicitó de la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT), así como del Juez que expidió el congelamiento de las cuentas que “levante, esperamos que vacación judicial termine, porque de lo contrario, la empresa colapsaría totalmente”.
“El señor Paravicini lo que está haciendo es enorme, es patrimonio de todos los paceños, la reserva que hay en La Paz, se está atentando. Vamos a pedir a todas las instancias pertinentes para que de esta manera se pueda dar una solución”.
Indicó que en Flujo de Caja al mes llega a los 20 millones de bolivianos, de los cuales con 4,5 millones procedieron a pagar los sueldos y salarios de mayo pasado.
No obstante, manifestó que están garantizados todos los servicios de COTEL a la ciudadanía y destacó los esfuerzos de su gestión, así como de los trabajadores, para regularizar sus obligaciones con los proveedores internacionales, pese al ilegal e injusto congelamiento de sus cuentas bancarias dispuesta por un juez a consecuencia de una millonaria deuda impuesta por la ATT emergente de supuestos incumplimientos de metas que datan del año 2002 y que asciende a 72,5 millones de dólares.
RECOMPOSICION: Respecto a la supuesta recomposición del Consejo de Administración, realizada en una sesión calificada de clandestina y con la participación de personas que no tienen la condición de consejeros porque no fueron reconocidos ni acreditados legalmente por la Dirección General de Cooperativas, instancia reguladora del sector, fue conceptuada de ilegal por su actual presidente, Emilio Gutiérrez.
En conferencia de prensa, la actual autoridad de COTEL explicó que el ahora ex consejero Eduardo Lehm presentó su renuncia el pasado 27 de junio, situación notificada a las autoridades del Ministerio de Trabajo, por lo que quedó automáticamente inhabilitado para participar en las sesiones ordinarias o extraordinarias del Consejo.
Gutiérrez sostuvo que de igual manera acontece con Gustavo Jáuregui, quien participó en dicha reunión, que no goza de la acreditación correspondiente de las autoridades por lo que su presencia en la Cooperativa solamente se reduce a su condición de “socio”, pero en ningún caso tiene prerrogativas emergentes del Estatuto y la Ley sectorial.
El Ejecutivo de COTEL sostuvo que Humérez con el apoyo de Lehm y Jauregui busca prorrogarse en su mandato. Recordó que fue precisamente Lehm, antes de su elección como Consejero, quien lo denunció como proveedor de equipos para la Cooperativa y responsable de la suscripción de contratos lesivos a sus intereses, habiendo suscrito un acuerdo con la empresa AXs generando un cuantioso daño económico.
En relación a Jáuregui, éste desempeñó cargos importantes durante la gestión de Fernando Dipps lo que igualmente lo inhabilitó para asumir la condición de Consejero.
Lo inexplicable, según explica Gutiérrez, es que fue Humérez quien inició procesos penales en contra de Lehm y ahora aparece apadrinado por aquél en una especie de “asociación delictuosa” con claros objetivos de avasallar la Presidencia y lograr encaramarse en la misma a toda costa.
Gutiérrez insistió en que Lehm tiene Mandamiento de Aprehensión de la justicia por lo que podría abandonar el territorio nacional para burlar la acción de la justicia.
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