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Economía

19 de abril de 2017 21:31

Corsán decide no asistir a reunión con el Gobierno tras conocerse ejecución de boletas

A la audiencia suspendida llegaron algunos personeros de las empresas subcontratadas por Corsán Corviam, que no recibieron el pago por sus servicios prestados.

oficina Los personeros de Corsán Corviam no llegaron a las oficinas del ministerio de Energías. Foto: ANF

La Paz, 19 de abril (ANF).- La empresa Corsán Corviam decidió suspender la audiencia que tenía programada para este miércoles con el ministro de Energía, Rafael Alarcón, tras conocer que el Gobierno rescindió el contrato por la construcción de la hidroeléctrica Miguillas y procedió a la ejecución de las boletas de garantía a favor del Estado.

“Hacer  conocer que los representantes de la empresa española Corsán Corviam, filial de Isolux Corsán, mediante una carta se excusaron de asistir a la reunión solicitada a esta cartera de Estado, debido a la ejecución de las boletas de garantía”, se lee en el comunicado emitido por el Ministerio de Energía.

La audiencia había sido solicitada para el 18 de abril, sin embargo, Alarcón indicó que el encuentro sería celebrado a las 17:00 de esta jornada. ANF asistió a las oficinas del ministerio de Energía y constató que los funcionarios de la empresa española no llegaron al lugar.  

Tras constatarse que la española Corsán Corviam abandonó las obras que venía ejecutando en el país - construcción de la carretera Ixiamas - San Buenaventura y la hidroeléctrica Miguillas-, el Gobierno decidió ejecutar las boletas de garantía alegando que se acabó el plazo otorgado para retomar los trabajos.  

“Se rescinde (contrato) y vamos a ejecutar sus boletas. Son boletas de ejecución inmediata, entonces yo estimo que el trámite es lo más rápido posible y en un par de días ya tendríamos ese recurso”, dijo el ministro de Obras Públicas, Milton Claros.

A la audiencia suspendida también llegaron algunos personeros de las empresas subcontratadas por Corsán Corviam, que actualmente se encuentran movilizadas en demanda del pago correspondiente a los servicios y productos que ofrecieron a la firma española. Al menos 120 de estas empresas están perjudicadas con el impago de los contratos.

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