Con una hora de retraso y en ausencia de cinco de los siete asambleístas de oposición que requirieron la interpelación del ministro Claros por el accidente perpetrado el 28 de noviembre en Colombia que derivó en la muerte de 71 personas, la sesión ordinaria décima octava se desarrolló entre críticas entre opositores y oficialistas; los primeros llamaron al interpelado “ministro tardón”, y los segundos fustigaron “flojos” a los que se ausentaron.
En una larga exposición Claros desmintió que la aeronáutica civil del país este “por los suelos” como manifestaron los diputados Claudia Mallón y Norman Lazarte, los únicos asambleístas que defendieron su lista de 18 preguntas. Dijo que una auditoría realizada por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) calificó a la aeronáutica boliviana con 84 puntos sobre 100.
En cuanto a LaMia Corporation SRL dijo que su constitución fue legal en el país, pues cuenta con registro ante Fundempres,a también cuenta con un Número de Identificación Tributaria (NIT ) y la autorización que logró en el país para constituirse no en una aerolínea, sino en un explotador de servicios aéreos, fue legal y cumplió con todos los requisitos y procedimientos vigentes.
“Se han verificado los documentos que dan cuenta que LaMia se constituyó con un capital de 150 mil bolivianos, se crea el 17 de septiembre de 2014, los socios son Miguel Alejandro Quiroga con 50% (piloto fallecido) y Marco Antonio Rocha 50%, la aeronave arrendada era de Ricardo Albacete, y el representante legal es Gustavo Vargas Gamboa”, señaló.
Claros mostró a los legisladores en una pantalla grande, la escritura de constitución de LaMia, el testimonio de administración general otorgado a Gustavo Vargas Gamboa, el NIT también a nombre de Vargas, es registro de Fundempresa para la obtención de certificación como tal, y la escritura pública que demuestra la propiedad de la aeronave, que estaba arrendada por 35 mil dólares mensuales.
“La certificación está definida de acuerdo a cinco pasos; cualquier solicitante debe cumplir para obtener un certificador de explotador aéreo que puede ser emitido para vuelos comerciales como a BOA, Eco Jet, y no regulares como los vuelos chárter, las exigencias son las mismas”, indicó.
Detalló que la pre solicitud de la empresa fue el 2014 para el proceso de certificación, la segunda fase fue el 28 de octubre de 2014, para la evaluación de documentación, la cuarta fase de inspección o demostración, y la quinta de certificación otorgada por la DGAC, instancia que emite la certificación el 31 de 2015 por un periodo indefinido en aplicación a normas internacionales, y un permiso de operaciones por cinco años.
Acciones legales
El ministro de Obras Públicas también detalló las acciones legales de tipo administrativo disciplinario y las penales que se encaró desde su despacho en contra de los presuntos responsables de haber cometido faltas o delitos.
“Hemos iniciado acciones penales contra Gustavo Vargas Gamboa, gerente de LaMia, Marcos Rocha Venegas co propietario de la empresa, Celia Castedo Monasterios, exfuncionaria de la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Aeronavegación Aérea (AASANA), por incumplimiento de deberes por no respetar los reglamentos, los protocolos”, señaló.
Recalcó que Castedo, actualmente con asilo temporal en Brasil, tenía la potestad de rechazar el plan de vuelos si este no cumplía con la autonomía (combustible suficiente) y otros aspectos, y que a pesar de su larga experiencia en aeronáutica, que data desde 1986, no cumplió su deber.
Adicionalmente dijo que se iniciaron procesos administrativos en contra de los exdirectores de la DGAC, Cesar Varela y de AASANA, Tito Gandarillas. En Santa Cruz, contra Marcelo Chávez por incumplimiento de deberes, por no haber emitido la información que requirió Colombia.
“Estamos actuando en consecuencia ante el incumplimiento de deberes, incumplimiento de funciones”, aseveró.
La interpelación se extendió por dos horas y se encendió el tono cuando el presidente de la ALP, Álvaro García Linera anunció descuento para “los asambleístas faltones”. Recibió de respuesta “no está en su rancho”, “no desvíe la interpelación”.
Los opositores criticaron que los cinco últimos directores de la DGAC hayan sido interinos, y hasta aseguraron que se trató de una "cuota" para los militares. Finalmente, el informe fue aprobado por mayoría y hasta aplausos recibió Claros antes de salir del hemiciclo.
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