Cochabamba, 27 de abril (ANF).- El Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB) refutó al procurador General del Estado, Pablo Menacho, por poner en duda la existencia del pueblo no contactado, que habita según los indicios recolectados, en la Reserva Toromona en el norte de La Paz, y que se vio afectado por las tareas de exploración hidrocarburífera. Ratificó que se vulneraron derechos desde el Estado en plena conciencia.
El Procurador aseguró que Bolivia respondió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) al recurso de medidas cautelares presentadas por varias instituciones de defensa de los derechos humanos.
“En el fondo lo que pedían estas organizaciones era que YPFB frene los trabajos de exploración, pero eso ya se torna innecesario porque ya hizo los trabajos de exploración, ya hizo los trabajos de recuperación de los lugares”, dijo Menacho a ANF.
Consultado sobre las acciones de la Procuraduría para garantizar los derechos del pueblo no contactado en la zona de exploración hidrocarburífera, dijo que “no hay indicios tangibles, pero si podría haber la posibilidad, el Estado ha tomado todos los recaudos (…). Una vez que tiene conocimiento de que hubiera posibilidad de un pueblo no contactado, hizo todos los trabajos para abandonar el área, hacer la limpieza”.
Al respecto, la investigadora del CEDIB, Georgina Jiménez, calificó de poco seria la respuesta del Procurador. “Me ha parecido el señor Menacho una persona comprometida y seria, pero me sorprende y no le admito este tipo de declaraciones porque faltan a la verdad, lo cierto es que YPFB ingresó a hacer tareas de exploración sabiendo de la existencia del pueblo no contactado, presumiblemente Toroma que habita la zona, y lo sabe porque en el estudio de impacto ambiental ya lo tenían registrado”, dijo.
La estudiosa mencionó que el año 2002 se declaró la Reserva Toromona como una zona intangible, y por tanto no podía darse ningún tipo de intervención desde el Estado, y que estudios realizados en 2015 y testimonios recogidos en las comunidades indígenas dieron cuenta de la presencia de un pueblo en estado de aislamiento voluntario.
“Hay evidencias de la existencia de este pueblo no contactado, por lo que el pueblo Tacana no admitió que se diga que no existe y exigieron que no solo pongan en el informe que existía, sino que se comprometían a tomar acciones de acuerdo a la Constitución Política del Estado”, señaló.
En ese marco dijo que YPFB sabía que era muy probable que durante las tareas enmarcadas en el Proyecto de Adquisición Sísmica 2D de la Cuenca Madre de Dios del Área Nueva Esperanza, se encontraría al pueblo en estado de aislamiento voluntario, por lo que se puso en los acuerdos y estudios de impacto ambiental que se “asumirían protocolos de resguardo”.
“El pueblo Tacana dijo que es ciertísimo que están ahí, hay evidencias porque tienen un mapa de avistamientos, casi contactos cercanos ocurridos en la última década (…) yo que he vivido en esa zona de la Amazonía en los años 90 era voz populi la existencia de este pueblo”, aseveró.
Jiménez puso en duda que el Estado boliviano haya respondido a la CIDH de manera oficial ya que como parte denunciante debieron ser notificados con la respuesta.
"No tenemos certeza que el Estado haya respondido a la CIDH porque como parte denunciante debimos ser notificados (...) y aunque sean declaraciones de prensa no es correcta la posición de la Procuraduría, como no es correcta la indolencia de la Defensoría del Pueblo que tuvo que tomar cartas sobre el asunto", manifestó.
Le recordó al Procurador que en la Constitución Política del Estado se garantiza la consolidación del derecho territorial y no se necesita evidencia ni contacto para presumir su existencia. "La obligación del Estado es que ante los indicios se debió evitar ingresar a esa zona", sostuvo.
Indicios y reportes
Las señales de la presencia del pueblo no contactado fueron reportadas no sólo por los fiscales ambientales indígenas del territorio Tacana II, sino también por los topógrafos y profesionales de logística de la empresa china BGP, contratada por YPFB. La cronología de hechos desde el hallazgo de senderos abiertos, ramas cortadas, residuos de alimentos, hasta gritos de mujeres, hombres y niños que cercaron el campamento se encuentra plasmado en un extenso informe.
Entre esos documentos está una carta del gerente del proyecto, Yu Fegbo, y el jefe de brigada de BGP, Alfredo Salvador, dirigida al gerente del Proyecto Sísmica 2D de YPFB Corporación, Iván Zeballos, que lleva la referencia: "contacto con miembros de pueblos indígenas originarios en la línea 11031”.
La misiva describe que el grupo de trabajo identificado como Topografía 10 reportó sobre la presencia de posibles miembros de pueblos indígenas originarios que se manifestaron con gritos y voces.
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