Paola Andrea Oporto, gerenta suspendida de YPFB. Foto: Boliviaentusmanos.com
La Paz, 5 de junio (ANF).- La suspendida gerente de Contrataciones de YPFB, Paola Andrea Oporto, fue quien dio la orden de compra de tres taladros a la empresa italiana Drillmec por un valor de $us 148,8 millones, basada, según su abogado Roger Valverde, en los informes técnicos, legales y administrativos emanados de las unidades respectivas. La exfuncionaria declaró ante la Fiscalía en su calidad de investigada.
El personal de la Fiscalía se ocupó de desalojar a los medios de comunicación de las instalaciones del Ministerio Público cerca de las 12.00 horas, con el argumento de que era momento de cerrar las puertas y por razones de “seguridad”. Fue el momento en que Oporto, quien se presentó a declarar ante el fiscal Anticorrupción Ramiro Jarandilla, salió del lugar sin tener contacto con los periodistas.
Sin embargo, el abogado Roger Valverde, defensa de Oporto, conversó con ANF. Dijo que su defendida fue convocada a declarar en calidad de sindicada, pero no imputada, y tras cumplir con esa obligación se fue a su casa. En paralelo, los cinco detenidos de YPFB, imputados por los supuestos delitos de incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias, fueron trasladados de las celdas judiciales a las cárceles de Palmasola en Santa Cruz y San Pedro de La Paz.
A la consulta de si Oporto dio curso al proceso de contratación, Valverde respondió: “En base a los informes (…). Hay diferentes unidades: legal, administrativa y la técnica de perforaciones que emitieron sus informes”.
El jurista dijo que la suspendida funcionaria sólo cumplió con el reglamento interno de YPFB en cuanto al procedimiento para dar curso a los procesos de contratación.
“Ella ha cumplido con lo que establece el reglamento interno, en base a los informes es lo que ella ha actuado (…). Se sigue investigando y creo que dentro de esta investigación se va a llegar a establecer qué realmente ha sucedido”, aseguró.
Consultado si Oporto tenía la facultad de rechazar o aprobar los informes técnico, legal o administrativo que recomendaban la contratación de Drillmec, así como las enmiendas al Documento Base de Contratación (DBC) del proceso de adjudicación, el jurista dijo que su defendida no tenía esa atribución.
“Consideramos que todas las actuaciones realizadas están en el marco legal, nos hemos presentado las veces que nos han convocado, y no creo que se produzca eso (la aprehensión)”, manifestó.
La defensa de los abogados de YPFB, que se encuentran con detención preventiva, argumentó que Oporto tenía la potestad de aprobar o rechazar el proceso de contratación ya que se encuentra por encima de las comisiones técnica, legal o administrativa.
También presentó documentación en la que se demostraría que la gerente Legal Corporativa, Cynthia Novillo, dio órdenes con carácter de cumplimiento para hacer una tercera enmienda al DBC, que según la Fiscalía tuvo la intención de favorecer a Drillmec.
El 25 de abril, Oporto en una entrevista otorgada a un programa televisivo dijo que en el proceso de contratación de los tres taladros a Drillmec, surgió en primera instancia de la unidad solicitante, que fue la Gerencia de Perforación, entonces a cargo del ingeniero David Pérez, quien junto a su equipo técnico definió las especificaciones de los taladros que requería YPFB para realizar trabajos de perforación.
Por la complejidad del caso, explicó, la Gerencia Legal designa a abogados especializados para evaluar los documentos de las empresas que se presentaron, al igual que la Gerencia de Perforación que delega a personal especializado para la evaluación técnica, mientras que la Gerencia de Contratación también designó a personal para evaluar la documentación administrativa.
“Cada una de estas partes evacuan un informe de evaluación indicando si estos requisitos han sido cumplidos de cada uno de los proponentes y elevan un informe del Comité de Licitación indicando los resultados del proceso de contratación y diciendo qué empresas van habilitando técnica, legal y administrativamente”, señaló.
En cuanto al precio referencial de los tres taladros dijo que era de $us 165 millones y que las propuestas fluctuaron entre los 120 y 156 millones de dólares.
Según la denuncia ante la Fiscalía, el proceso de contratación de los taladros a Drillmec tuvo varias irregularidades, desde un supuesto sobreprecio de más de 20 millones de dólares, hasta incumplimiento en la presentación de requisitos legales como la constitución de la empresa, el registro de comercio y otros. Sin embargo los imputados presentaron certificación de la Embajada de Italia en Bolivia en la que se convalida los documentos presentados por la compañía italiana.
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