Traslados de dos detenidos por caso taladros. Foto: ANF
La Paz, 4 junio (ANF).- Los cincos funcionarios de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), detenidos por participar en el supuesto proceso irregular de contratación de tres taladros a la empresa italiana Drillmec, permanecen en celdas judiciales de la ciudad de La Paz y algunos presentan problemas de salud. Se prevé su traslado este lunes a primera hora a los penales de Palmasola de Santa Cruz y San Pedro en la sede de Gobierno.
La información fue proporcionada por el abogado Mario Villafán, defensa de la asesora legal de YPFB, Gisela Siles, suspendida de su cargo desde abril por determinación del directorio de la estatal, junto a otros dos abogados y dos ingenieros petroleros del área de perforaciones.
“Todavía están en celdas judiciales por los trámites burocráticos; el día viernes no concluyeron la orden judicial, el sábado y domingo no son días hábiles, y se prevé que mañana arriben a Santa Cruz”, dijo el jurista a ANF.
En cuanto a la salud de los detenidos, cuatro de ellos de Santa Cruz, Villafán dijo que su defendida Gisel Siles “ha sido muy afectada con un resfrío con sangrado nasal y el abogado Bustos está afectado por la diabetes, que necesita tratamiento”.
Apelación
En cuanto al recurso de apelación incidental presentado de manera oral por los cinco detenidos, después que la jueza Cuarto Anticorrupción, Melina Lima dictaminara la detención preventiva, el abogado Villafán señaló que este deberá pasar al tribunal de alzada y resuelto en tres días, sin necesidad de la presencia física de los procesados.
La defensa de Siles recordó las contradicciones en las que ingresó la jueza Lima en su resolución, porque por un lado dijo que la hubiera sido diferente para los procesados si hubiesen presentado sus extractos de aportes a las Administradoras de Fondo de Pensiones (AFP) para demostrar que tienen trabajo, pero al mismo tiempo interpretó que la suspensión temporal de YPFB significaba una desvinculación laboral tácita.
Lima también consideró que los procesados pueden influenciar negativamente en los peritos e investigadores y pueden alterar las pruebas. “Sin embargo no dijo cómo se podrían influenciar y a quiénes, ni tampoco supo explicar cómo se puede destruir o alterar pruebas cuando estas están bajo custodia de la Fiscalía”, mencionó.
La detención preventiva para los abogados Félix Bustos Martin y Gisel Siles Roca, además del Gerente de Perforaciones, David Pérez y el jefe de Unidad de Perforaciones, Bigmarck Serrano deberá ser cumplida en el penal de Palmasola de Santa Cruz, en tanto que el abogado Julio Kjari fue derivado a San Pedro en La Paz.
Respecto a la cuestiona actuación de la jueza Melina Lima, el fiscal General del Estado, Ramiro Guerrero dijo que se analiza un posible proceso por prevaricato, por haber dictado un cuarto intermedio en la audiencia de medidas cautelares la noche del jueves 1 de junio y su reinstalación al día siguiente.
El fiscal Rudy Terrazas no confirmó, ni negó que se vaya a imputar a jefes de alto rango de YPFB que hubieran dado la orden para realizar enmiendas a la convocatoria del contrato supuestamente para favorecer a Drillmec, ni a quienes tenían la facultad de rechazar o aceptar dicho contrato.
Entre las mencionadas durante la audiencia de medidas cautelares se encuentran la gerente de Contrataciones, Paola Oporto, quien según la defensa de los imputados tenía la potestadde observar las enmiendas al contrato. En tanto, la directora Legal Corporativa, Cynthia Novillo fue señalada de haber dado órdenes de cumplimiento a los asesores legales para modificar los Documentos Base de Contratación (DBS). Fabián Avilés, cabeza del Comité de Adjudicación también fue citado en varias ocasiones.
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