La Paz, 30 Nov. 30 (ANF).- La Asociación de Municipios de Bolivia (AMB) reiteró su protesta por la reversión de los recursos de Seguridad Ciudadana que no sean ejecutados en seis meses, según la Ley Financial 2013, porque consideran que en la práctica es una confiscación y una decisión anticonstitucional.
La mañana de este viernes, en audiencia ante la Comisión de Planificación, Economía y Finanzas del Senado, y ante el ministro de esta área, Luis Arce Catacora, la AMB hizo conocer su protesta por lo que califica como “confiscación”.
El Oficial Asesor, representante del Gobierno Municipal de La Paz en la AMB, Gustavo Bejarano al salir de esta reunión, calificó de absurda y arbitraria la decisión del Gobierno Nacional, de reducir a seis meses el tiempo de ejecución de los recursos destinados a la seguridad de la población.
"Es un elemento inconstitucional para nosotros, es un elemento confiscatorio de recursos. Alguien decía que el que da y quita con el diablo se desquita; es exactamente lo que está ocurriendo, se está entregando recursos que saben que será de difícil ejecución, para luego quitárselo a los municipios dejándonos un problema constitucional y de atribución”, enfatizó.
Asimismo, puso en duda la capacidad técnica del Gobierno Central y del Ministerio de Gobierno en particular, en la ejecución de estos recursos en los proyectos que fueron demandados por la ciudadanía. El hecho de que estos recursos vuelvan a manos del Gobierno Central, no sería garantía de una ejecución efectiva y en el lapso de seis meses, como se pretende.
“Pero pretender sacarle ese recurso, el 50 por ciento, para destinarlo en una burocracia nacional que no tiene sentido, que no sabemos qué rubro va a tener, si van a respetar el mismo proyecto, con qué capacidad técnica va a ejecutar el Gobierno Central o el Ministerio de Gobierno, proyectos que están vinculados con la población y con la comunidad, entonces nos parece un error”, cuestionó.
Para los municipios esta reversión, como denomina el Gobierno Nacional, sería más bien una confiscación, porque a partir de la transferencia que realiza el Ministerio de Economía a los gobiernos municipales, éstos se constituyen en propietarios de estos recursos.
Una vez que el dinero del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) es transferido a los municipios, ingresa a sus cuentas y es de propiedad de cada municipio. Por ello, cada Gobierno Municipal dispone de ese presupuesto en los planes operativos anuales, además, en base al acuerdo con los vecinos que definen las áreas y proyectos de inversión.
POCO TIEMPO: Por otra parte, señaló que la ejecución de una obra que previamente fue consensuada con la vecindad y con la entidad policial, en caso de tratarse de una Estación Policial Integral (EPI), tomará más de seis meses. Y en caso que la obra tenga un costo mayor al millón de bolivianos, debe estar enmarcado en la Ley de Programación de Contrataciones del Estado, a la Ley de Contratación del Sistema de Bienes y Servicios. En ese sentido, sólo al realizar la contratación de una empresa constructora se tarda tres meses.
“Demoramos tres meses en realizar la contratación. Ahora de los tres meses, sólo quedan tres para ejecutar, porque sino nos quitan la plata. En qué momento hacemos el proyecto, cuando se hace el estudio y el proyecto a diseño final. Hay proyectos que demorar mucho más de seis meses, por eso la lógica del presupuesto es anual, empieza el 2 de enero y termina el 31 de diciembre”, agregó el Oficial Asesor.
SEGURIDAD CIUDADANA: Bejarano recordó que los gobiernos municipales de ciudades capitales destinan más del 10 por ciento, que establecen las normas nacionales, en seguridad ciudadana.
“Estamos de acuerdo en que los recursos de seguridad ciudadana no se destinen a otros rubros, esos está en la misma ley, de hecho obligan a las ciudades capitales a aportar el 10 por ciento. Revisemos las estadísticas, los municipios de ciudades capitales están aportando el 15 y el 20 por ciento de sus recursos, por encima de los que establece la ley, a seguridad ciudadana.
En el caso específico de La Paz, se destina el 22 por ciento de sus recursos a esta área, tanto en proyectos concentrados y desconcentrados, o de infraestructura y equipamiento, relacionados al IDH.
Explicó, que en La Paz se tienen proyectos complejos como la construcción de las estaciones policiales que son edificios, que albergan a la Policía, fiscales y Bomberos, entre otros. La ejecución de esta obra tiene una duración de más de seis meses, incluso la parte de la concertación con los diferentes sectores, tomará un tiempo mayor a ese tiempo.
En esta reunión participaron representantes de los gobiernos municipales de Tarija, Santa Cruz y La Paz. Sus representantes explicaron detalladamente su preocupación por esta decisión gubernamental, por lo que esperan que los senadores integrantes de la Comisión de Planificación del Senado, tomen en cuenta esta posición.
IMPUESTO A LAS TRANSFERENCIAS: Los municipios también expresaron su preocupación por la incorporación de la disposición adicional segunda a la Ley Financial, que establecería quitarle impuestos a los municipios, que están relacionados al impuesto a las transferencias que pagan las empresas.
Actualmente, este impuesto a las transferencias que pagan las industrias por la compra o venta de sus inmuebles, vehículos y otras propiedades, son pagadas a las alcaldías, pero con esta nueva disposición este impuesto se eliminará y se pagará al Gobierno Central.
“Eso va a afectar las finanzas y la economía de los municipios. En el caso del municipio de La Paz nos han dado datos que oscilan entre 20 a 25 millones de bolivianos, en el caso de Santa Cruz, hasta 35 millones de bolivianos. No se da una mayor explicación. Los personeros del Ministerio mencionaron que estarían subsanando un error en la norma, que estarían en este momento haciendo una doble tributación”, manifestó.
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